El gobernador afirmó que las organizaciones criminales siguen activas y respaldó nuevas facultades para combatir el delito en Santa Fe
El gobernador Maximiliano Pullaro defendió este miércoles el paquete de leyes de seguridad enviado a la Legislatura de Santa Fe y anticipó que impulsará nuevas iniciativas para ampliar las herramientas del Estado contra el delito. Lo hizo durante el ascenso de 300 agentes penitenciarios en la ciudad de Santa Fe, donde sostuvo que las organizaciones criminales continúan activas pese a la reducción de homicidios que atribuyó a su gestión.
“Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la baja de la violencia no significa que las bandas hayan desaparecido: “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”.
Entre las iniciativas presentadas figuran allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias vinculadas con la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados; nuevas facultades para interrogar sospechosos y entrevistar personas vinculadas con un hecho; y juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados.
El paquete también contempla decretos penales para casos de penas leves con pruebas contundentes, zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad y derribos de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales. Además, propone ampliar las facultades de inteligencia y el programa de recompensas.
Las medidas forman parte de una discusión legislativa que todavía debe atravesar el tratamiento correspondiente. Pullaro aseguró que no impulsará normas inconstitucionales y sostuvo que Santa Fe necesita más instrumentos para sostener la política de seguridad.
El mandatario cuestionó a sectores de la abogacía penal que advierten posibles vulneraciones de garantías. Les atribuyó intereses vinculados con la defensa de narcotraficantes y sicarios, sin individualizar en sus declaraciones a profesionales concretos
También criticó lo que definió como “garantismo bobo”, aunque aclaró que deben respetarse las garantías constitucionales. Como antecedente, recordó los habeas corpus que enfrentó cuando era ministro de Seguridad al intentar limitar el ingreso de alimentos a las cárceles.
Pullaro defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, incluida una de alto perfil, y afirmó que antes de su llegada al gobierno algunos detenidos podían ordenar homicidios, extorsiones y robos desde prisión. En ese contexto, destacó el trabajo de policías y agentes penitenciarios.
También vinculó la política de seguridad con la renovación de la Corte Suprema provincial y la modernización del sistema judicial. Según planteó, los cambios deben mejorar la capacidad estatal para prevenir el delito sin dejar de respetar los derechos constitucionales.
El gobernador reconoció que la lucha contra las bandas no terminó. Su defensa del paquete de leyes de seguridad en Santa Fe anticipa una nueva etapa de debate sobre las facultades policiales, la actuación de fiscales y los límites legales de la política criminal
