La investigación patrimonial apunta a una organización que había sido desarticulada en noviembre de 2025 por narcotráfico

La Justicia Federal amplió la imputación por lavado de activos contra 13 personas investigadas por integrar una organización dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína en Rosario y localidades cercanas. La medida fue resuelta durante una audiencia ante el juez Carlos Vera Barros, a partir de una investigación de la PROCELAC y la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario. Como parte de las medidas solicitadas por la fiscalía, se ordenó un embargo preventivo de bienes por hasta $1.800 millones y el secuestro de cuatro vehículos.

La organización había sido desarticulada a fines de noviembre de 2025. En los allanamientos realizados entonces se secuestraron casi 53 kilos de cocaína, más de $51 millones, unos 67.000 dólares, 13 armas de fuego, municiones y 17 vehículos.

A partir de esa causa, los investigadores profundizaron el análisis económico de los integrantes y de personas de su entorno. El objetivo fue determinar cómo se habían adquirido distintos bienes y cuál era el origen de los fondos utilizados.

Según la hipótesis de la fiscalía, varias operaciones no guardarían relación con los perfiles fiscales y laborales de los imputados. El análisis incluyó inmuebles, vehículos, movimientos de dinero y documentación secuestrada durante los procedimientos.

Los fiscales también señalaron que tareas de campo, seguimientos e informes de inteligencia realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitieron vincular a los investigados con distintos bienes. Las diligencias abarcaron Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Alvear y Roldán.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez dispuso un embargo preventivo con fines de decomiso sobre dos departamentos del complejo Estación Norte, cinco lotes ubicados en Alvear y un departamento en un barrio privado de Pinamar.

Además, ordenó el secuestro de un BMW Z4, un Renault Clio, un DS Crossback y un UTV Can-Am Defender MAX XT HD10.

Seis de los imputados permanecen en libertad y deberán presentarse mensualmente ante la Oficina Judicial, además de tener prohibido salir de Santa Fe sin autorización. Los restantes continúan detenidos con prisión preventiva por la investigación original vinculada al narcotráfico.

La causa continúa bajo investigación. La fiscalía sostiene que los bienes y movimientos patrimoniales analizados podrían estar vinculados con fondos provenientes de la actividad ilícita, una hipótesis que deberá ser acreditada durante el proceso judicial.