El informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Derechos, Disidencias” advierte un aumento de las muertes violentas de mujeres y de las tentativas respecto del mismo período de 2025

Santa Fe contabiliza 18 femicidios —incluido un transtravesticidio— y 59 intentos entre el 1° de enero y el 12 de agosto de 2026, de acuerdo con un relevamiento difundido por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). La organización señaló que los registros muestran un incremento frente al mismo período del año anterior y reclamó fortalecer las políticas de prevención y asistencia.

Según el informe, de los 18 femicidios directos, vinculados y transtravesticidio, 14 fueron considerados femicidios directos, uno transtravesticidio y cuatro vinculados. Además, tres muertes ocurrieron en contextos asociados al narcotráfico y el crimen organizado, mientras que otros nueve casos permanecen bajo investigación.

En agosto, MuMaLá mencionó los asesinatos de Débora de 31 años, en Rosario; Lucrecia de 55, en Piamonte y Gabriela Denisse Banach de 47, cuyo caso es investigado bajo la hipótesis de un posible transfemicidio.

El relevamiento también indica que el 40% de las muertes violentas registradas hasta el 8 de agosto ocurrió en Rosario y el Gran Rosario.

Del total de 59 intentos consignados por la organización, el 62% corresponde a situaciones de violencia directa o íntima y el 29% a contextos vinculados con narcotráfico o crimen organizado.

MuMaLá advirtió además sobre la baja cantidad de denuncias previas. Según su análisis, solo una de las víctimas de los femicidios directos había denunciado previamente al agresor y contaba con una medida de protección.

La organización reclamó una mayor inversión estatal en prevención, asistencia, protección y reparación para las víctimas y sus entornos.

El informe también cita declaraciones realizadas en marzo por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien había señalado que durante 2025 se registraron 30 femicidios en la provincia.MuMaLá sostiene que alcanzar esa cifra en poco más de la primera mitad de 2026 constituye una señal de alarma y plantea la necesidad de reforzar las respuestas institucionales frente a las violencias de género