La Justicia de Rosario dictó duras penas contra los responsables de una organización dedicada a comercializar vehículos sustraídos, adulterados y con papeles apócrifos

La Justicia provincial condenó a Ángel Emiliano Ochoa y Sidney Leandro Sullon Loayza por integrar una asociación ilícita dedicada a la comercialización de automóviles robados, adulterados y vendidos con documentación falsa. La sentencia fue dictada por el juez Estanislao Fajardo, en el marco del juicio oral desarrollado en el Centro de Justicia Penal de Rosario, tras una investigación encabezada por la fiscal Viviana O’Connell.

Ochoa fue condenado a 8 años de prisión como jefe de la organización, pena que fue unificada con una condena anterior, alcanzando una pena única de 20 años de prisión efectiva. En tanto, Sullon Loayza recibió 6 años y 8 meses de prisión efectiva como miembro de la estructura delictiva

Durante el juicio se acreditó que la banda actuó de manera organizada y sostenida entre 2022 y 2023. La maniobra consistía en adquirir vehículos previamente robados, principalmente en la provincia de Buenos Aires, adulterar los números de motor y chasis, colocar chapas patentes correspondientes a otros automóviles y confeccionar documentación falsa.

Luego publicaban los rodados en Marketplace y otras plataformas digitales, donde captaban compradores interesados. Para generar confianza, exhibían informes de dominio adulterados y toda la documentación necesaria para concretar la venta.

La investigación determinó que cada integrante cumplía un rol específico dentro de la organización, desde la obtención de los vehículos y la documentación falsa hasta la logística y la comercialización.

La Fiscalía logró acreditar numerosos episodios de estafa, encubrimiento y uso de documentación falsa. Entre los vehículos vendidos figuraban un Fiat Cronos, Toyota Etios, Citroën C3, Peugeot 208, Volkswagen Gol, Renault Sandero, Renault Kangoo Stepway y Honda City.

En todos los casos, los compradores descubrieron posteriormente que los automóviles tenían pedidos de secuestro activos, presentaban adulteraciones en los guarismos identificatorios o poseían dominios que correspondían a otros vehículos.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió cuando una pareja, tras advertir que había sido estafada con la compra de un Volkswagen Gol, volvió a contactar a los vendedores mediante una nueva publicación en Marketplace. El encuentro permitió reconocer a Sidney Leandro Sullon Loayza, quien intentó escapar pero fue reducido por las propias víctimas hasta la llegada de la Policía.

Durante el juicio, la fiscal Viviana O’Connell había solicitado una pena de 11 años de prisión para Ángel Emiliano Ochoa y de 7 años y 6 meses para Sidney Leandro Sullon Loayza.

Finalmente, el tribunal los declaró responsables de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro, estelionato y uso de documento falso en distintos hechos, aunque ambos fueron absueltos por algunas imputaciones vinculadas a tentativas de estafa.

La causa expuso el funcionamiento de una organización que logró concretar numerosas operaciones fraudulentas mediante vehículos robados, documentación apócrifa y maniobras destinadas a engañar a compradores de buena fe.

Con este fallo, la Justicia dio por acreditada la existencia de una estructura criminal con división de tareas y permanencia en el tiempo, dedicada a obtener beneficios económicos mediante la comercialización ilegal de automóviles.