La Justicia Federal acusó a un hombre y una mujer de ser los propietarios de los más de 108 kilos de marihuana secuestrados en una carnicería de Serodino

La Justicia Federal imputó a un hombre de 42 años y una mujer de 37 años por presunto tráfico y comercialización de más de 108 kilos de marihuana hallados en mayo dentro de los freezers de una carnicería de Serodino, a unos 55 kilómetros de Rosario. La audiencia se realizó el jueves pasado y el juez de garantías Carlos Vera Barros dispuso la prisión preventiva por 60 días para ambos, a pedido de la Fiscalía.

El caso comenzó el 15 de mayo, cuando un operativo vinculado a una investigación por abigeato derivó en un impactante descubrimiento dentro de un comercio de Serodino. En los freezers de la carnicería, los investigadores encontraron 182 ladrillos de marihuana, además de dosis de cocaína, frascos con cogollos de cannabis y plantas en proceso de secado.

Durante aquel procedimiento fue detenido el hermano de la mujer imputada, quien ya había sido acusado en el marco de la misma causa.

La investigación está a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad y del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, encabezada por el fiscal Federico Reynares Solari. En la audiencia, el fiscal coadyuvante Matías Mené y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero sostuvieron que la pareja era propietaria del material estupefaciente.

Como respaldo de esa hipótesis, la Fiscalía presentó peritajes y conversaciones extraídas de un teléfono celular secuestrado durante la investigación, elementos que, según los investigadores, vinculan directamente a los imputados con la droga almacenada en la carnicería.

De acuerdo con la acusación, el hombre viajaba periódicamente a la ciudad de Santa Fe para abastecerse de marihuana, mientras que el estupefaciente era acopiado por su cuñado en el inmueble donde funcionaba el comercio.

Por ese motivo, ambos fueron imputados como coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas.

La Fiscalía también recordó que el imputado posee un antecedente por infracción a la Ley 23.737 y cumplió una condena de cinco años de prisión, recuperando la libertad el 4 de mayo de 2024.

Al valorar la gravedad del hecho, la expectativa de pena, las medidas investigativas pendientes y la falta de arraigo —debido a reiterados cambios de domicilio—, el juez resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para ambos mientras continúa la investigación