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Rosario acelera contra las picadas: más de 500 motos y autos terminaron en el corralón

El municipio reforzó controles en zonas críticas y apunta a frenar maniobras ilegales y ruidos molestos

La Municipalidad de Rosario ya remitió más de 500 vehículos al corralón en lo que va de 2026, en el marco de los operativos antipicadas que se realizan en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones son encabezadas por la Secretaría de Control junto a la Policía de Santa Fe y se intensificaron tras denuncias de vecinos por maniobras peligrosas, ruidos molestos y encuentros ilegales de motos y autos.

Según informaron desde el municipio, los procedimientos se desarrollan diariamente con controles fijos, patrullajes preventivos y operativos de saturación. Las zonas con mayor despliegue son La Florida, Costa Alta, Parque Scalabrini Ortiz, Bv. Oroño y Lamadrid, Ayacucho y Gutiérrez, Wilde y Calasanz, además del circuito conocido como “La Zapatilla”.

El secretario de Control municipal, Diego Herrera, aseguró que actualmente se destinan “muchos recursos” para desarticular este tipo de encuentros clandestinos.

“Este tipo de acciones son muy peligrosas y generan riesgo para todo el entorno. Vamos a seguir siendo rigurosos”, señaló el funcionario al referirse a las intervenciones realizadas durante los fines de semana y vísperas de feriados.

Desde el área municipal indicaron que durante este período se registraron 163 denuncias vinculadas a picadas, ruidos molestos y conducción temeraria. A partir de esos reclamos se diseñó un esquema intensivo de vigilancia en sectores considerados críticos.

En varios puntos de la ciudad incluso se implementaron triples turnos de control para reforzar la prevención y evitar concentraciones masivas de motos y vehículos modificados.

La Secretaría de Control confirmó que ya fueron remitidos 514 vehículos al corralón municipal. Allí también se realiza el decomiso de autopartes no homologadas utilizadas para aumentar potencia o velocidad, como escapes adulterados y potenciadores.

Según precisaron fuentes oficiales, los costos de extracción y desmantelamiento son asumidos por los infractores.

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