El Gobierno provincial avanzó con nuevas intimaciones a padres de alumnos por falsas amenazas en escuelas.

El Gobierno de Santa Fe notificó entre viernes y sábado a familias de alumnos involucrados en amenazas a escuelas en seis departamentos de la provincia. La medida busca recuperar más de 36 millones de pesos gastados en operativos de seguridad. Las intimaciones se realizaron en domicilios particulares, con intervención policial, y establecen un plazo de cinco días para abonar. La acción responde al costo generado por falsas alertas que activaron protocolos de emergencia.

Las notificaciones se concretaron en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín. En total, entregaron 11 intimaciones con montos individualizados según cada operativo.

Durante uno de los procedimientos, una escena sintetizó el impacto de la medida: “¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, le recriminó una abuela a su nieto al recibir la notificación policial por una deuda superior a los 5,8 millones de pesos.

Según informaron fuentes oficiales, los montos se calculan en base a los recursos utilizados en cada intervención. Incluyen combustible, móviles, brigadas especializadas —como explosivos— y horas de servicio.

La identificación de los responsables surge de tareas de investigación que validan la autoría de las amenazas, tanto en casos de menores como de mayores de edad. Una vez confirmados los datos, se emiten las intimaciones a los adultos responsables.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue enfático: “No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo”.

El funcionario aclaró que se trata de una acción civil: “No es una multa ni una pena, es una deuda que busca resarcir al Estado por el daño ocasionado”.

Las amenazas a instituciones educativas se reiteraron en los últimos meses, obligando a activar protocolos que incluyen evacuaciones y despliegues policiales. Esto generó altos costos operativos y preocupación en la comunidad educativa.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la medida apunta a desalentar estas conductas y a reforzar la responsabilidad de las familias en el uso de recursos públicos.

Las familias notificadas tienen cinco días para abonar las sumas exigidas. En caso de incumplimiento, los expedientes serán derivados a la Fiscalía de Estado, que podrá avanzar con embargos o inhibiciones de bienes.

El Gobierno anticipó que las intimaciones continuarán a medida que se validen nuevos casos.