Será acondicionado para ser subastado y forma parte de la política provincial de recuperación de bienes provenientes del delito

El Gobierno de Santa Fe tomó este miércoles posesión de un edificio de 27 departamentos, ubicado en Buenos Aires al 1063, de Rosario, que fue decomisado por orden judicial en el marco de una causa por estafa inmobiliaria vinculada al empresario Leandro “Lelo” Pérez. El procedimiento se realizó con la intervención de funcionarios provinciales y forma parte de la estrategia para recuperar activos obtenidos mediante actividades ilícitas y reincorporarlos al patrimonio del Estado.

El operativo fue encabezado por personal de la Provincia luego de que la Justicia dispusiera el decomiso del inmueble. Según explicaron las autoridades, los ocupantes habían sido notificados hace un mes para restituir las unidades y la intimación fue reiterada la semana pasada, ya que persistían ocupaciones e incluso se detectaron nuevos alquileres.

Durante la inspección, los funcionarios advirtieron que algunas personas habrían ingresado durante la noche tras forzar accesos con la intención de ocupar departamentos vacíos. La situación fue controlada en el marco del procedimiento.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo que la recuperación del edificio representa “la decisión de devolver al Estado un bien que la Justicia determinó que proviene de una actividad delictiva”. Además, adelantó que el inmueble será puesto en condiciones para integrar una futura subasta pública prevista para el próximo año.

Por su parte, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, afirmó que avanzar sobre el patrimonio obtenido mediante delitos constituye una herramienta central para debilitar las estructuras criminales y evitar que esos bienes continúen generando beneficios económicos.

La investigación judicial determinó el decomiso del edificio como parte de una causa por estafa inmobiliaria. Desde el Gobierno provincial señalaron que la recuperación de activos ilícitos es una política sostenida, impulsada junto al Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de que esos bienes sean reutilizados en beneficio de la sociedad y dejen de estar bajo la órbita de quienes los obtuvieron mediante actividades ilegales.