La Fiscalía sostiene que los ataques fueron coordinados y busca la pena máxima para los principales imputados por homicidios e intimidación pública

La audiencia preliminar por los crímenes ocurridos en marzo de 2024 en Rosario comenzó el 30 de marzo y continúa con la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía. El proceso, a cargo de los jueces Alejandro Cardinale, Paula Álvarez y Gustavo Pérez de Urrechu, analiza la acusación contra 14 personas —11 mayores y 3 menores— por una serie de homicidios y hechos vinculados a violencia organizada. Los fiscales solicitaron prisión perpetua para los adultos imputados, al considerar que los ataques fueron planificados y ejecutados con participación de varias personas y uso de armas de fuego.

Según la acusación, los hechos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad durante marzo de 2024 y tuvieron como víctimas a Héctor Figueroa, Diego Celentano ambos taxistas, Bruno Bussanich el playero de la estación de servicios y Marcos Daloia, el colectivero

La Fiscalía sostiene que se trató de acciones coordinadas, con intervención de múltiples personas y, en algunos casos, con participación de menores de edad. También se investiga el uso de amenazas públicas y mensajes intimidatorios dirigidos a autoridades provinciales.

Los fiscales Franco Carbone, Patricio Saldutti y Adrián Spelta, junto con Romina Cocomazzi, detallaron en audiencia una serie de pruebas que incluyen pericias, testimonios y evidencia recolectada durante la investigación.

Entre los principales acusados se encuentra Michel Isaías Contreras (30), señalado como instigador en al menos dos homicidios. También están imputados Brenda Pared, Gustavo Márquez (32), Macarena Muñoz (29) y Johana Albornoz (33), todos con distintos grados de participación como coautores.

La lista se completa con Maximiliano González (32), Joana García, Alejandro Cantero (46), José Maturano (43), Axel Rodríguez (21), Axel Ignacio Herrera (20), además de Alejandro Núñez y Matías Miguel Muñoz, incorporados en la causa como parte del entramado investigado.

Desde la Fiscalía indicaron que los delitos fueron calificados como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por promesa remuneratoria, sumado al uso de armas de fuego y la participación de menores.

Además, se agregaron cargos por intimidación pública agravada y coacciones, en algunos casos con el objetivo de presionar a autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

“Se trata de hechos graves, con un claro mensaje hacia la sociedad y las instituciones”, señalaron voceros judiciales durante la audiencia.

Los crímenes de marzo de 2024 generaron un fuerte impacto en Rosario y derivaron en un refuerzo de medidas de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Las investigaciones apuntan a estructuras delictivas que operan de manera organizada, con roles definidos y planificación previa en los ataques.

La inclusión de menores en algunos hechos es uno de los ejes que la Fiscalía remarcó como agravante.

La audiencia preliminar continúa en etapa de exposición de pruebas. Finalizada esta instancia, el tribunal deberá resolver la admisión de la acusación y el eventual avance hacia el juicio oral.

Por el momento, los 11 imputados mayores enfrentan pedidos de prisión perpetua, mientras que la situación de los menores se tramita en un fuero específico.

El proceso sigue en curso y será clave para determinar responsabilidades en uno de los episodios más complejos registrados en la ciudad en los últimos años.