Comenzó el juicio oral por apremios ilegales en Barrio Belgrano contra 21 policías. Enfrentan pedidos de hasta 10 años de prisión
Este miércoles comenzó en el Centro de Justicia Penal el juicio oral por apremios ilegales, tortura y otros delitos ocurridos el 23 de marzo de 2018 en la zona de “Cuatro Plazas”, en Barrio Belgrano. La Fiscalía acusa a 21 efectivos policiales por hechos contra siete jóvenes y solicitó penas de hasta 10 años de prisión.
El tribunal está integrado por los jueces Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana. La fiscal Karina Bartocci sostiene que los imputados incurrieron en agresiones físicas, amenazas, falsedad ideológica y omisión de deberes.
Según la acusación, el 23 de marzo de 2018, cerca de las 4, un grupo de jóvenes fue interceptado en Av. Provincias Unidas y Mendoza. Dos de ellos habían salido en moto hacia un kiosco cuando advirtieron que un patrullero los seguía sin dar la voz de alto.
Al regresar a la plaza, comenzaron las detenciones. La Fiscalía atribuye a Erica Gisel Denis y Mariano Saavedra haber requisado sin orden legal, golpeado y amenazado a las víctimas. También se señala a Walter Ezequiel Duarte, Gastón Farley y Ariel Esteban Godoy por agresiones y traslados irregulares.
Uno de los jóvenes recibió un disparo con posta antitumulto en la pantorrilla. La acusación indica que luego fue perseguido y reducido a golpes por Roberto Damián Salinas, Diego Ojeda y Leonel Romero, entre otros efectivos.
La causa incluye a Alexis Cali, Ileana Romero, María Florencia Gorosito, Nadia López, Cristian Nevares, Ángel Ávalos, Agustín Cañete, Melina Lamanna, Lucas Sánchez, Jesús Soria, Santiago Morgan y Adrián Molina, a quienes se les atribuye participación activa u omisiones durante los procedimientos y traslados.
La Fiscalía sostiene que varias actas fueron confeccionadas con datos falsos para justificar el operativo. También se denunció la sustracción de dinero y efectos personales de las víctimas.
La fiscal Bartocci imputó a Denis y Saavedra como coautores de apremios ilegales, falsificación ideológica y hurto agravado, con pedido de seis años de prisión e inhabilitación. Para Salinas y Morgan solicitó 10 años por apremios y tortura.
En la apertura, la representante del Ministerio Público afirmó que “los hechos serán acreditados con prueba testimonial, médica y documental incorporada al debate”.
El caso se originó tras denuncias radicadas por las víctimas y derivó en una investigación que reunió pericias médicas, fotografías y registros internos. Los jóvenes permanecieron demorados hasta la tarde de ese día en la Comisaría 14º
El debate oral continuará en las próximas semanas. El tribunal deberá determinar responsabilidades penales individuales y la eventual aplicación de las penas solicitadas.
