Se trata de una mujer que reside en Estados Unidos, por explotar durante años a la mujer que cuidaba a su madre en una vivienda del barrio Martin

La imputación se presentó el viernes pasado ante el juez Román Lanzón. La acusada participó por videoconferencia desde Los Ángeles. Según la fiscalía, la víctima —captada en Corrientes cuando tenía 14 años y trasladada a Rosario en 2003— realizó tareas domésticas y de cuidado sin remuneración durante dos décadas.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF), la adolescente llegó al país bajo la promesa de estudiar. Esa oferta nunca se cumplió. La joven fue recibida por la madre de la actual imputada, en una casa de la calle Montevideo al 100. Allí realizó limpieza, cocina, mantenimiento, compras y asistencia personal, sin salario, descansos ni escolarización.

Las fiscales sostienen que la explotación se prolongó durante 22 años, hasta el allanamiento ejecutado por la Policía Federal con intervención del Área de Atención a Víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

La fiscal Adriana Saccone y el equipo de coadyuvantes señalaron que la imputada, tomó el control de la vivienda en 2022, cuando su madre enfermó. Desde Estados Unidos supervisaba las tareas mediante 16 cámaras de seguridad y comunicaciones directas con la víctima. Para el MPF, esa dinámica consolidó la continuidad del esquema de servidumbre.

La evidencia reunida incluye testimonios de vecinos, informes de organismos públicos, pericias y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. Datos de ARCA y ANSES confirmaron que la mujer no tuvo actividad laboral registrada ni ingresos propios.

Las fiscales remarcaron que el caso configura un delito de “ejecución continuada”, agravado por la vulnerabilidad de la víctima y la consumación de la explotación. En audiencia, explicaron que la imputada podía haber cesado la situación y no lo hizo.

El juez Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y validó la formalización del caso. También impuso medidas cautelares por un año: fijación de domicilio, firma mensual en un consulado, prohibición de contacto con la víctima y personas allegadas.

La fiscalía aguarda un informe médico para determinar si puede afrontar proceso penal. El MPF continúa recolectando información para avanzar hacia la siguiente etapa de la causa.