Realizaban allanamientos ilegales y robaban
La Justicia provincial ordenó la prisión preventiva de diez agentes investigados por una serie de procedimientos fraguados, robos, falsificación de actas y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridos entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 en distintos barrios de Rosario.
Diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron imputados y quedaron en prisión preventiva este 10 de diciembre de 2025, tras una audiencia en el Centro de Justicia Penal donde se les atribuyeron múltiples hechos ocurridos entre 2023 y 2024. Los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci detallaron que los acusados habrían ingresado ilegalmente a viviendas, simulado procedimientos, agredido a víctimas y sustraído dinero y bienes para operar como una estructura criminal dentro de la fuerza.
La imputación describe un patrón sostenido en el tiempo. Según la Fiscalía, los agentes realizaban ingresos sin orden judicial, sustraían dinero y objetos de valor y completaban actas con información falsa para dar apariencia de legalidad. Uno de los episodios más graves ocurrió el 7 de abril de 2024, cuando Gisela Lorena Noni y Luis Alberto Pais habrían ingresado sin autorización a una vivienda de Esquivel al 1300. Allí, según la investigación, obligaron a abrir una caja con $500.000 y robaron joyas y electrodomésticos.
El 1 de septiembre de 2024, las mismas víctimas fueron interceptadas en Avellaneda y Córdoba, donde los acusados habrían simulado un control vehicular para intimidarlas y evitar la denuncia.
Otro hecho relevante se registró el 16 de octubre de 2024 en Larrechea al 1900, donde Pais, Noni, Brian Facundo Pereyra y Jaquelina Roldán habrían ingresado sin orden, golpeado a la moradora y sustraído dinero y celulares. Tampoco se labró acta del procedimiento.
La fiscalía detectó que los acusados actuaban con un esquema reiterado: irrupciones sin orden judicial, amenazas, simulación de persecuciones y elaboración de actas fraguadas. La situación alcanzó su punto crítico con los hechos registrados en noviembre de 2024, donde se sucedieron cinco episodios en pocos días.
Uno de ellos ocurrió en una chatarrería de Salvat al 2600, donde Pais, Noni, Melani Rocío Pabón y Pereyra habrían realizado ingresos frecuentes bajo el pretexto de “controles”. El 5 de octubre, otros agentes —entre ellos Marcelo Gabriel Buljubacich y María Eva Tenallia— dijeron haber hallado municiones y armas, lo que derivó en una detención luego archivada por inconsistencias en el accionar policial.
El 12, 14 y 15 de noviembre de 2024, los mismos imputados habrían hostigado a un vecino de Laguna al 3100, forzado cámaras de seguridad y sustraído dinero y un DVR. En otro hecho del 18 de noviembre, Buljubacich y Tenallia ingresaron a una casa en Baigorria al 3100 aprovechando una puerta abierta y se llevaron $800.000 y otros bienes.
Los fiscales Caterina y Bartocci afirmaron en la audiencia que los hechos muestran “un funcionamiento interno de estructura mafiosa” dentro de uno de los tercios del Comando Radioeléctrico. Señalaron que los acusados actuaban con distribución de roles, coordinación y utilización de móviles oficiales para maniobras ilícitas.
El juez Bilbao Benítez tuvo por formalizada la imputación y ordenó prisión preventiva efectiva para los diez policías por el plazo de ley, argumentando riesgo procesal y gravedad institucional.
La causa reconstruye 18 meses de maniobras irregulares. En total, los imputados enfrentan múltiples cargos: allanamientos ilegales, robo agravado por condición de funcionarios públicos, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, falsedad ideológica, amenazas coactivas y falso testimonio agravado.
A cada uno se le atribuye un conjunto específico de hechos: Gisela Lorena Noni, Luis Alberto Pais, Brian Facundo Pereyra, Jaquelina Roldán, Melani Rocío Pabón, Marcelo Gabriel Buljubacich, María Eva Tenallia, Gastón Nicolás Mendoza, Agustina Noelia Molina y Stella Maris Campi figuran imputados en distintas combinaciones por los episodios descriptos.
Otro caso señalado ocurrió el 15 de diciembre de 2024, cuando los mismos agentes habrían ingresado a una casa de Avellaneda 6900, arrancado cámaras de seguridad, golpeado al morador y sustraído $650.000 y documentación. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue esposada y trasladada para justificar un procedimiento inexistente.
Los diez acusados permanecen en prisión preventiva. Las investigaciones continúan con análisis de actas, comunicaciones internas, registros de GPS, cámaras, pericias de PDI y testimonios de víctimas y vecinos. La Fiscalía no descarta nuevas imputaciones y evalúa la posible ampliación del caso a otros efectivos involucrados de manera indirecta.
En paralelo, se inició un proceso administrativo interno en el Ministerio de Seguridad provincial para determinar sanciones disciplinarias. La causa penal, por su magnitud y cantidad de hechos, se perfila como una de las investigaciones por corrupción policial más extensas de los últimos años en Rosario.
