Las mismas estarían vinculadas al cepo cambiario y a un soborno que asciende a los 200 mil dólares
El juez federal Gastón Salmain fue indagado este martes en Rosario por presuntamente pedir un soborno de 200 mil dólares a cambio de autorizar la compra de 10 millones de dólares durante el cepo cambiario. La audiencia se realizó ante el juez Carlos Vera Barros, quien ahora debe resolver su situación procesal.
La imputación formal se concretó luego de dos postergaciones. Según la acusación, el magistrado habría intervenido para habilitar una cautelar que permitió al financista Fernando Whpei acceder al mercado oficial y adquirir divisas destinadas al pago de deudas, operación hoy bajo sospecha por su posible uso para obtener ganancias con la diferencia cambiaria.
Los fiscales federales Federico Reynares Solares, Matías Silabra y Juan Argibay Molina sostienen que el juez facilitó la operatoria del fideicomiso Atilla entre septiembre de 2023 y abril de 2024. Afirman que, a cambio, habría exigido un retorno del 10%, equivalente a 200 mil dólares, negociado a través del operador judicial Santiago Busaniche
La presentación se basa en declaraciones del propio financista, quien afirmó que la autorización para comprar dólares a precio oficial abrió una maniobra que terminó con la venta de parte de esas divisas al valor informal.
Durante la indagatoria, Salmain negó haber cometido un delito y aseguró que su conducta se ajustó a antecedentes previos. Expuso que había tomado decisiones similares en otras causas, entre ellas un planteo del diario La Capital, avalado —según dijo— por camaristas federales.
Los investigadores consideraron relevante que, al allanar su despacho, encontraron sobre el escritorio el escrito de esa causa, lo que interpretan como un posible mensaje hacia instancias superiores.
El juez, representado por los abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, cuestionó el testimonio del financista y lo calificó como un “arrepentido serial”. Sostuvo que la acusación carece de pruebas y afirmó que es blanco de una campaña en su contra impulsada por ciertos sectores.
La fiscalía sostiene que la maniobra sería parte de una estructura destinada a manipular expedientes judiciales para obtener ganancias financieras. Tras la indagatoria, Vera Barros tiene diez días para decidir si dicta procesamiento o falta de mérito.
Salmain permanece en libertad debido a sus fueros como juez federal.
