Se tratan de 10 integrantes de la banda conocida como Los Menores

La Justicia rosarina imputó a diez personas por integrar una organización criminal que operaba en distintos barrios de la ciudad, utilizando menores, armas y amenazas para imponer su control. Todos quedaron en prisión preventiva. En una audiencia que se extendió desde el 1 al 24 de septiembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Justicia resolvió dictar prisión preventiva para diez personas acusadas de integrar una asociación ilícita que operaba con violencia en varios barrios de la ciudad. La estructura criminal está acusada de buscar el dominio territorial para la venta de drogas, utilizando armas, menores de edad y métodos violentos para consolidarse.

La causa fue impulsada por los fiscales Georgina Pairola, Juliana González y Luis Schiappa Pietra, quienes imputaron a los acusados por asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad. Cuatro de ellos fueron señalados como organizadores de la banda, mientras que el resto actuaba como miembros activos. El juez de primera instancia Dr. Sosa dispuso la prisión preventiva por el plazo legal para todos los imputados.

El origen: violencia y negocios ilegales en los barrios

Según detalló la fiscalía, la organización tenía como objetivo dominar territorios específicos de Rosario para establecer allí búnkers de venta de drogas, controlar los ingresos económicos y eliminar la competencia, mediante balaceras, amenazas y extorsiones.

La banda comenzó sus operaciones en el barrio 7 de Septiembre, y luego se expandió a Stella Maris, La Bombacha, Emaús, Ludueña, Parque Oeste, Barrio Godoy, Santa Lucía y otros sectores de la ciudad. En algunos casos, la toma de control se daba mediante ataques armados a rivales; en otros, se tejían alianzas circunstanciales con referentes locales para consolidar su poder.

Quiénes son los imputados y qué roles cumplían

Entre los principales acusados se encuentran:

Alejandro Miguel Leguizamón; considerado uno de los líderes, coordinaba la provisión de armas y puntos de venta. Ejerció dominio territorial desde 2021 hasta su detención en noviembre de 2024.

Ezequiel Sebastián Dilascio; encabezaba la “banda de los menores” en los barrios tomados. Organizó atentados y se ocupaba de la logística de armas y vehículos.

Matías Guerra; otro organizador clave, regenteaba búnkers, reclutaba vendedores (muchos de ellos coaccionados), y abastecía de armamento para enfrentar a bandas rivales.

Lautaro Fermín Ghiselli; ligado directamente al manejo de la barra brava de Rosario Central, canalizaba recursos de negocios lícitos e ilícitos en beneficio de la asociación y decidía la distribución del poder dentro de la organización.

Otros integrantes cumplían roles operativos

Mirko Nicolás Benítez; realizaba balaceras e intimidaciones públicas, y era utilizado por los líderes para direccionar persecuciones penales hacia miembros rivales.

Lucas Ezequiel Medina; distribuía drogas y cobraba por permitir ventas en su zona de influencia.

Kevin Tomas De Los Santos, Dylan Maximiliano Bartozzeti, Germán Matías Hermosin y Diego Andrea Aguirre; todos con antecedentes de delitos violentos, balaceras, uso y guarda de armas de fuego, cometidos por encargo de los líderes de la asociación.

Una estructura criminal consolidada

La investigación reveló una estructura jerarquizada que no solo utilizaba a menores de edad para cometer delitos, sino que también recurría a personas vulnerables para vender drogas o cometer hechos violentos. La organización se financiaba con la venta al menudeo, pero también con otros delitos como robos calificados, extorsiones y usurpaciones de viviendas.

Además, los fiscales destacaron que varios de los imputados se comunicaban desde la cárcel con miembros en libertad para dar órdenes, reforzando así el carácter permanente y activo de la banda.

La decisión judicial y el próximo paso

Con el material probatorio presentado, el juez resolvió que todos los acusados permanezcan detenidos bajo prisión preventiva efectiva, destacando la peligrosidad del grupo y el riesgo procesal. La imputación se formalizó bajo el delito de asociación ilícita agravada, con calificación diferencial según el rol de cada integrante.

El caso representa una nueva etapa en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en Rosario y que buscan controlar territorios mediante el miedo y la violencia.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones o vinculaciones con otros hechos violentos registrados en la ciudad en los últimos años.