Dos mujeres fueron imputadas y una quedó detenida
La Justicia imputó a Priscila Yamile Muñoz y Ludmila Joana Alonso por su presunta participación en una maniobra extorsiva que incluyó amenazas de muerte e incendio a un comercio local. Una de ellas seguirá detenida.
Este jueves, en el Centro de Justicia Penal, se llevó a cabo una audiencia imputativa en la que el fiscal Socca acusó a dos mujeres por un violento episodio ocurrido el pasado 11 de julio en Villa Gobernador Gálvez. El juez de Primera Instancia Fernando Sosa dictó prisión preventiva efectiva para Priscila Yamile Muñoz por el plazo de ley y preventiva por 60 días para Ludmila Joana Alonso.
Según la investigación, ese 11 de julio a las 2:20 de la madrugada, tres personas no identificadas dejaron un cartel extorsivo en un comercio de calle San Diego al 400, con amenazas de muerte si no se concretaba una llamada a un número determinado. Acto seguido, arrojaron líquido inflamable y prendieron fuego la fachada del local. La víctima sufrió daños materiales, pero no se registraron heridos.
La Fiscalía sostiene que la maniobra fue organizada desde la cárcel de Piñero por N.L., quien cumple detención en el pabellón 5, junto a su pareja Y.M., que se encontraría en libertad. A través de una línea telefónica a su nombre, Y.M. habría coordinado el intento de cobro extorsivo.
A Muñoz se la acusa de haber sido coautora de la extorsión, utilizando un celular en contacto con la víctima. Por su parte, Alonso habría facilitado ese dispositivo y cuatro líneas a su nombre, con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los responsables.
La evidencia reunida permitió solicitar la detención de ambas. El juez valoró la gravedad del hecho y el riesgo procesal. La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que investiga la posible participación de más personas.
La extorsión y la violencia como forma de presión vuelven a marcar la agenda judicial en Villa Gobernador Gálvez. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar este tipo de hechos y remarcan que el proceso se llevará adelante respetando los derechos de todas las partes.
