Sigue la jornada de audiencias contra parte de la “Banda de los Menores”

En el Centro de Justicia Penal de Rosario, se imputó a una veintena de personas por integrar una organización criminal liderada, según la Fiscalía, por Matías Gazzani, hoy prófugo. El caso genera dudas por la falta de evidencias concretas.

Este lunes, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, comenzó una extensa audiencia de imputación a un grupo de personas acusadas de integrar la denominada “Banda de los Menores”, una presunta organización criminal vinculada a delitos como extorsiones, amenazas, tráfico de drogas y hasta homicidios.

Según la investigación encabezada por el equipo de fiscales bajo la dirección de Matías Gazzani —quien se encuentra prófugo—, la banda habría comenzado sus actividades en 2020 en el barrio 7 de Septiembre y se habría expandido territorialmente en los últimos años.

Entre los acusados figura Lautaro “Laucha” Ghiselli, actual líder de la hinchada de Rosario Central, quien fue el único presente en la sala de audiencias. Su caso genera controversia: no se le imputó ningún hecho delictivo concreto, pero la Fiscalía insiste en vincularlo a la organización como supuesto organizador.

La imputación, según fuentes judiciales, se sostiene en informes policiales, fotografías antiguas y el testimonio de un testigo de identidad reservada, sin pruebas fehacientes ni delitos específicos que lo involucren directamente.

Intervención oficial y reacciones

Desde el entorno social del club Rosario Central manifestar la preocupación por la situación de Ghiselli, a quien consideran un socio activo, alejado de la violencia y el narcotráfico. Aseguran que su liderazgo fue promovido por sectores de la hinchada cansados de los abusos del pasado.

A pesar de esto, la Fiscalía le atribuye un rol central en la banda, bajo órdenes de Gazzani, aunque no logró demostrar vínculo directo entre ambos. Tampoco explicó por qué, tras la muerte de “Pillín” Bracamonte —antiguo líder de la barra—, se responsabiliza a Ghiselli, cuando su aparición fue posterior y con un contexto diferente.

El caso vuelve a exponer tensiones entre la Fiscalía y los actores sociales involucrados. Mientras se discute la prisión preventiva para Ghiselli, crecen las voces que cuestionan el sustento probatorio de la imputación. El juez deberá decidir si convalida una acusación que, por ahora, parece más política que judicial.