La Justicia Federal autorizó una investigación especial con herramientas excepcionales en zonas críticas

En una decisión sin precedentes, el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz autorizó la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales —conocida como Ley Antimafia— en zonas específicas de la ciudad de Rosario. La resolución se dio tras un pedido conjunto del Ministerio de Seguridad de la Nación y fiscales especializados en narcocriminalidad y lavado de activos.

La medida, que convierte a Rosario en el primer territorio del país en donde se activa esta legislación, busca dar respuesta a una realidad que ya no admite demoras: la consolidación territorial de estructuras criminales complejas que imponen su lógica a fuerza de violencia, extorsión y muerte.

Según la resolución judicial, se conformará un perímetro de investigación especial que permitirá desplegar herramientas avanzadas de inteligencia y operativos coordinados con más recursos legales y logísticos. El trabajo se realizará en articulación con fiscales del Ministerio Público Fiscal y del MPA de Santa Fe, mediante un Equipo Conjunto de Investigación.

La audiencia celebrada esta mañana en Tribunales Federales marcó el inicio formal del proceso. Participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad, como Federico Angelini y Germán Pugnaloni, junto a fiscales nacionales y provinciales que trabajan sobre las redes del crimen organizado en Rosario.

La activación de la Ley Antimafia en Rosario no es solo un hecho judicial: es un mensaje institucional de que el Estado está dispuesto a correr el cerco del delito. Ahora el desafío será sostener una acción concreta, coordinada y sostenida en el tiempo.