El organizador del evento fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por facilitar la venta de drogas
Después de más de siete años de espera, llegó el veredicto en uno de los casos más emblemáticos que vincula entretenimiento, descontrol y tragedia: el Tribunal Oral Federal N.º 3 de Rosario condenó a Alan David Van Broock, organizador de la fiesta electrónica “Sasha New Year Even Party”, por facilitar la venta y consumo de drogas en el evento que terminó con la muerte de Giuliana Maldovan y Lucas Liveratore, jóvenes que asistieron a la fiesta en el complejo Punta Stage, de Arroyo Seco, el 1º de enero de 2017.
El fallo, unánime, impone 4 años y 6 meses de prisión efectiva, más inhabilitación comercial por el doble de tiempo. Los otros acusados —el productor Gino Piazzese Scaglia, el empresario Germán Dalinguer y el entonces intendente Nizar Esper— fueron absueltos.
Durante el juicio se ventiló una serie de pruebas reveladoras: falta de controles, consumo visible de estupefacientes, fallas estructurales en seguridad y sanidad, y hasta conversaciones del propio Van Broock negociando entradas por pastillas de éxtasis. El fiscal Federico Reynares Solari calificó la organización como “negligente, permisiva e irresponsable”, y remarcó que todo se desarrolló en un marco de abandono absoluto de los deberes de cuidado.
Más allá del castigo individual, el caso pone en debate la responsabilidad de los organizadores en espectáculos masivos, donde muchas veces el negocio se impone por encima de la seguridad y la legalidad.
La condena a Van Broock marca un precedente judicial en torno a la responsabilidad penal en eventos masivos. Pero también deja una reflexión social pendiente: ¿cuánto vale una entrada a costa de una vida?
