Es por una causa que lo investigó como coautor en el comercio de estupefacientes
El miércoles 6 de diciembre, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el Fiscal General Federico Reynares Solari y el Fiscal de la PROCUNAR NEA Matías Scilabra, solicitaron ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario compuesto por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Mario Gambacorta, en el marco de una causa por narcotráfico, se condene a la pena de 8 años de prisión como coautor del comercio de estupefacientes al financista local Gustavo Pedro Shanahan.
Asimismo, dentro de la misma causa solicitaron la condena a 23 años de prisión, pena unificada con dos causas ya finalizadas y con condena firme en la justicia federal, a Julio Andrés Rodríguez Granthon, entre otros miembros de la empresa criminal cuyas penas oscilaron en los 6 años de prisión.
La investigación que llevó a los estrados federales a Gustavo Pedro Shanahan y Julio Andrés Rodríguez Granthon como miembros de una misma organización, fue llevada adelante por la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario a cargo del Fiscal Javier Arzubi Calvo y la PROCUNAR a cargo del Fiscal Diego Iglesias. Se inició a fines de abril de 2021, conforme la prueba ventilada en juicio y lo declarado en el debate Oral, por el Comisario Raúl Alberto Hirch – Jefe del Depto. Antidrogas de Rosario de la Policía Federal Argentina – a partir la noticia criminis brindada por un informante registrado.
En dicha denuncia, fue informado que se estarían realizando maniobras de venta de estupefacientes en un domicilio de calle Valparaíso al 2700 de “Villa Banana”. Allí residirían Facundo Pérez y Ubaldo Pérez, quienes serían “encargados” de reponer varios puntos de venta en el mencionado barrio, asimismo, ambos se encontrarían dirigidos por una persona de nacionalidad “peruana” que movía “kilos de droga” en la ciudad.
Posteriormente, las tareas investigativas y el resultado de las escuchas telefónicas corroboraron los extremos denunciados y apareció en escena, nuevamente en esta jurisdicción, Julio Andrés Rodríguez Granthon cometiendo actividades ilícitas desde su lugar de detención, comunicándose vía telefónica con su principal ladero, Facundo Pérez, donde hacían referencia al estupefaciente, utilizando códigos entre ellos, como “Sprite”, “Coca” y “Manaos”.
Sin embargo, más allá de las similitudes con otras investigaciones que se dieron en la jurisdicción federal rosarina, por las cuales fue condenado ante los Tribunales Orales 3 y 2 de esta ciudad a 15 años de prisión, particularmente en esta oportunidad, pudo verse claramente expuesto el rol esencial que cumplen las “cuevas” financieras ilegales dentro del comercio de estupefacientes.
Específicamente, en esta causa, la importancia de una de ellas que, se la cual se encontraba ubicada en calle España al 800 y era comandada por el financista y Contador Público Nacional Gustavo Pedro Shanahan.
El devenir de las distintas labores de investigación y el movimiento constante de “bolsos” y/o “mochilas” vistos en los distintos domicilios identificados y trasladados por las personas investigadas, hicieron que los seguimientos y las vigilancias de la PFA se centraran, en dos “cuevas” que eran frecuentadas periódicamente, una de ellas ubicada en calle Ov. Lagos al 400 a la cual relacionaron con el investigado y actualmente prófugo Marcos Julián Díaz y la ya mencionada de calle España y Rioja.
En lo que respecta a los roles de esta organización criminal, pudo saberse con grado de certeza que quién organizaba el tráfico desde su lugar de detención era Rodríguez Granthon, para ello se valía de personas bajo su mando, contando con un gerente extra muros, quien fuera aprehendido durante el mes de julio de este año, en otra causa de drogas seguida contra Granthon, el llamado Facundo Pérez alias “Jirafa”.
Asimismo, en un escalón intermedio se encontraban Bruno Iván Ayala y Ariana Gómez (también aprehendidos con Pérez en julio de este año), Alexis Manzo, Alfonso Sciortino, Gustavo Báez Aguilar y Richard Galeano Vázquez.
Por su parte, los eslabones necesarios del aspecto financiero de esta organización narcocriminal, se encontraban constituidos por Gustavo Pedro Shanahan, Marcos Julián Díaz (prófugo) y Juan Román González, quienes inyectaban los dólares necesarios para la adquisición de material estupefaciente.
La prueba reunida y expuesta en el debate oral y público, clarificó la circulación del material estupefaciente y del dinero que sucede en nuestra ciudad, conectando barrios periféricos tales como; Villa Banana, Vía Honda, con “cuevas” que se encuentran en zonas céntricas.
Luego de algunos meses de investigación, a mediados de octubre del año 2021, se produjeron enfrentamientos armados donde funcionarios de la PFA fueron agredidos con armas de fuego por personas que se encontraban investigadas oriundas del barrio “Villa Banana”, cuestión por la cual se precipitaron los allanamientos.
Más allá de las circunstancias explayadas, pudieron secuestrarse estupefacientes en varios domicilios y en uno de ellos, a través de los estupefacientes y los elementos de corte secuestrados, pudo saberse que funcionaba como lugar de acopio, modificación y/o “estiramiento” de la sustancia alcaloide. El inmueble sindicado se encontraba emplazado en calle Espinosa al 6200.
Así también, en consonancia con la hipótesis investigativa, se secuestraron aproximadamente 30 millones de pesos en la “cueva” investigada ubicada en calle España al 800 dirigida por Shanahan y causalmente uno de los bolsos repleto de pesos hallado, coincidió en sus características, con los que usaban los investigados para realizar las maniobras.
El mismo bolso, había sido visto por personal de la PFA, saliendo de la cueva de España al 800 y luego tener contacto con los demás investigados, quienes a su vez se relacionaban con el domicilio mencionado de calle Espinosa al 6200, donde secuestraron la mayor cantidad de estupefacientes, los elementos de corte y prensa.
Por último, habiendo sido analizados todos los elementos probatorios aportados por las fuerzas de seguridad consistentes en tareas de seguimientos, filmaciones, fotografías, escuchas telefónicas y allanamientos, se sumó a ello que, de los peritajes telefónicos realizados sobre los aparatos de telefonía secuestrados en el domicilio particular de Gustavo Pedro Shanahan, surgieron conversaciones de WhatsApp que, en opinión del Ministerio Público Fiscal, formaron parte de la prueba objetiva que puso luz a la acusación del mismo, a saber:
La conversación de la escucha, fue reproducida en el debate oral y culminó configurando la hipótesis del caso del Ministerio Público Fiscal, sobre la participación en el comercio de estupefacientes de “cuevas” financieras que inyectaban de dólares el circuito de la compraventa de alcaloides, posibilitando de esa manera la prosecución del tráfico ilegal y culminando con la violencia a tiros en uno de los barrios de la periferia rosarina.
