El ministro de Justicia y Seguridad confirmó que la Provincia cubrirá los honorarios de la defensa técnica de los agentes imputados y remarcó que se debe respetar el debido proceso antes de emitir conclusiones.

El Gobierno de Santa Fe fijó su posición sobre la causa que investiga a seis policías acusados por la muerte de un hombre ocurrida en una Comisaría de la ciudad de Santa Fe. El ministro de Justicia y Seguridad aseguró que la Provincia colaborará con la Justicia, pero pidió “extrema prudencia” hasta que se conozcan las pruebas que sustentan la imputación. Además, anunció que el Estado provincial afrontará los gastos de la defensa técnica de los efectivos.

El funcionario recordó que el hecho ocurrió en enero y señaló que, durante seis meses, no hubo medidas judiciales solicitadas por la Fiscalía. Según explicó, la notificación recibida por el Ministerio fue directamente para concretar las detenciones, sin que hasta el momento hayan tenido acceso al contenido de la evidencia reunida en la investigación.

En ese sentido, sostuvo que no corresponde emitir un juicio anticipado sobre el caso. “Vamos a respetar la investigación, no vamos a interferir y colaboraremos con todo lo que nos soliciten”, afirmó.

El ministro advirtió que la figura penal imputada, tortura seguida de muerte, exige un alto estándar probatorio y recordó antecedentes de causas en las que policías fueron detenidos, expuestos públicamente y luego absueltos tras varios años de proceso judicial.

También remarcó que los efectivos policiales “tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano” y que deben contar con una defensa adecuada para garantizar el debido proceso. A su entender, muchas veces el impacto mediático inicial genera un daño personal e institucional que resulta imposible de reparar si posteriormente la Justicia determina la inocencia de los acusados.

Como parte de la decisión oficial, el Gobierno anunció que reconocerá los gastos derivados de los honorarios profesionales de los abogados elegidos por los seis policías imputados, hasta un monto determinado y sujeto a la presentación de la documentación correspondiente.

El ministro explicó que la medida busca respetar la decisión de los agentes de designar defensores particulares y sostuvo que la confianza entre imputado y abogado es un aspecto central en cualquier proceso penal.

La causa permanece en etapa de investigación judicial y será la Fiscalía la encargada de presentar las pruebas que respalden la acusación formulada contra los seis efectivos. Mientras tanto, desde el Ejecutivo provincial reiteraron que acompañarán el proceso institucional sin interferir en las decisiones de la Justicia y que aguardarán el avance de la causa antes de emitir conclusiones definitivas