El nuevo protocolo fija cómo identificar, cuantificar y reclamar gastos por operativos ante hechos de violencia o falsas alarmas en escuelas

El Gobierno de Santa Fe aprobó este martes un protocolo para recuperar gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en escuelas. La medida establece qué ocurrió (intervenciones estatales), cuándo (a partir de su entrada en vigencia), dónde (ámbitos escolares y espacios juveniles), por qué (impacto en recursos públicos) y cómo (mediante un procedimiento administrativo que permite reclamar los costos a los responsables).

El protocolo define un circuito claro. Parte de la recepción del hecho y continúa con la identificación de los recursos utilizados: móviles policiales, personal, logística y tareas administrativas.

Luego se arma un legajo, se calculan los costos y se intima a los responsables al pago. Si no hay respuesta, el caso puede pasar a instancia judicial a través de Fiscalía de Estado.

El esquema articula a varias áreas: Ministerio Público de la Acusación, fuerzas policiales y equipos técnicos. Cada intervención quedará registrada para garantizar trazabilidad.

El objetivo es evitar zonas grises en la gestión. La documentación permitirá justificar cada gasto y sostener el reclamo de recupero con respaldo legal.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que la medida busca “optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar su recupero”. Además, remarcaron que el protocolo cuenta con dictamen jurídico sin objeciones.

Fuentes oficiales agregaron que también apunta a desalentar amenazas falsas o conductas que activan dispositivos de emergencia sin fundamento.

En los últimos años, las amenazas en escuelas obligaron a desplegar operativos policiales y evacuaciones. Cada intervención implica costos operativos y administrativos.

Hasta ahora, esos gastos no siempre eran recuperados. La nueva normativa busca ordenar ese proceso y dar previsibilidad a las actuaciones.

El protocolo ya fue aprobado y será publicado en el Boletín Oficial. Las áreas involucradas deberán comenzar a aplicarlo en futuras intervenciones.

La expectativa oficial es doble: recuperar fondos y reducir este tipo de amenazas mediante un efecto disuasivo.