Nueve quedaron en prisión preventiva y una agente cumplirá arresto domiciliario
Diez policías de la Policía de Acción Táctica (PAT) fueron imputados este martes 16 de junio en el Centro de Justicia Penal de Rosario por una serie de delitos que incluyen tentativa de homicidio agravado, amenazas, falsedad ideológica, falso testimonio, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación sostiene que los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2024 durante un procedimiento por drogas realizado en Larrechea al 1900, donde un detenido sufrió quemaduras que pusieron en riesgo su vida.
Los acusados son David Pedro Zeballos, Omar Lorenzo Cabral, Juan José Feliciano González, Maximiliano Ortiz, Jesús Ángel Balais, Maximiliano Nicolás Cuevas, Germán Alexis Narvaja, Isaías Esteban Basualdo, Estela Aylen Beron y María Eugenia Núñez.
Según la acusación presentada por el fiscal Pablo Socca, la víctima se encontraba reducida y esposada cuando el suboficial David Pedro Zeballos le habría arrojado alcohol etílico sobre la cabeza y el rostro para luego prenderlo fuego con un encendedor.
Las quemaduras afectaron la cara, cuello, orejas, manos y tórax. La víctima permaneció internada durante 40 días en terapia intensiva y sufrió secuelas permanentes.
Para la fiscalía, los demás efectivos presentes colaboraron asegurando el perímetro, evitando cualquier posibilidad de auxilio y garantizando que la agresión pudiera concretarse.
Durante más de dos años, la versión oficial sostuvo que el propio detenido se había quemado al intentar incendiar una mochila que contenía droga.
Sin embargo, la investigación comenzó a derrumbar ese relato a partir de testimonios, pericias telefónicas, informes técnicos y declaraciones de otras personas detenidas durante el procedimiento.
Uno de los elementos más relevantes fue una pericia realizada por Bomberos Zapadores. El informe concluyó que la mochila secuestrada no presentaba daños compatibles con una exposición al fuego, contradiciendo la explicación brindada por los policías.
La fiscalía también atribuyó a varios de los imputados haber incorporado información falsa en el acta del procedimiento y haber ratificado posteriormente esa versión ante el Ministerio Público.
Además, tres agentes fueron acusados de encubrimiento agravado por no denunciar lo ocurrido y por haber omitido actuar frente a un hecho delictivo que conocían.
En el caso de María Eugenia Núñez, la acusación sostiene que tomó conocimiento de lo sucedido a través de un grupo de Whatsapp integrado por efectivos de la PAT y que no promovió ninguna denuncia.
La audiencia estuvo a cargo del juez Rafael Coria, quien dio por formalizada la imputación y aceptó la hipótesis presentada por la fiscalía.
Nueve de los acusados quedaron con prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. En tanto, a María Eugenia Núñez se le concedió prisión domiciliaria hasta el 16 de agosto de 2026, con prohibición de contacto con los demás imputados y con las víctimas.
La causa continuará ahora con nuevas medidas probatorias para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados en uno de los expedientes más graves que involucran a integrantes de fuerzas de seguridad en Rosario durante los últimos años
