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Microtráfico y búnkers

Advierten que fallos judiciales pueden impactar en la seguridad en Rosario

El fiscal regional Matías Merlo cuestionó resoluciones de la Cámara Penal que limitan la persecución del narcomenudeo. Aseguró que podrían afectar la lucha contra la violencia en los barrios.

El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, advirtió que resoluciones recientes de la Cámara Penal que cuestionan la competencia provincial para investigar el microtráfico podrían afectar la seguridad pública. Lo afirmó este martes durante una entrevista con el periodista Hernán Funes en el programa Radioinforme3 de Cadena 3 Rosario, donde señaló que limitar esas investigaciones podría derivar en más homicidios y balaceras en los barrios.

El planteo surge en un contexto en el que la provincia ya derribó más de 100 búnkers de droga desde la implementación de la ley de narcomenudeo aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023, impulsada por el gobierno del gobernador Maximiliano Pullaro.

Cómo funciona la persecución del microtráfico

Según explicó Merlo, la estrategia del Ministerio Público de la Acusación apunta no solo al punto de venta de droga, sino también a quienes administran esos espacios y generan violencia en los barrios.

El fiscal señaló que la persecución del microtráfico está directamente vinculada con la investigación de homicidios, heridos por armas de fuego y balaceras. En ese marco, destacó que el trabajo se realiza de manera coordinada con la Justicia Federal.

“Nosotros trabajamos en el territorio y la Fiscalía Federal investiga un escalón más arriba, lo que tiene que ver con el narcotráfico y las cadenas de distribución”, explicó.

Merlo cuestionó resoluciones de camaristas de Rosario que pusieron en duda la competencia provincial para investigar delitos vinculados al narcomenudeo.

Según indicó, esta situación genera preocupación dentro del Ministerio Público de la Acusación porque podría limitar herramientas clave en la lucha contra la violencia en los barrios.

“Si nos quitan la herramienta del microtráfico, nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos”, sostuvo Merlo durante la entrevista radial.

En ese contexto, el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz rechazó una resolución de la Cámara Penal y la calificó como “incorrecta y arbitraria”. Además, envió copias del fallo a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que tome conocimiento de la situación.

El magistrado devolvió las actuaciones al fuero provincial, lo que reavivó el debate sobre las competencias en la investigación de estos delitos.

Entre los camaristas que emitieron resoluciones con cuestionamientos a la competencia sobre el microtráfico se encuentran Javier Beltramone, Guillermo Llaudet Maza, Carolina Hernández, Viviana Alonso y Tomás Orso, según fuentes judiciales.

Desde la implementación de la ley de narcomenudeo en Santa Fe, la provincia avanzó con operativos que permitieron derribar más de 100 búnkers de venta de droga, principalmente en Rosario.

Según el Ministerio Público, estas acciones forman parte de una estrategia que busca reducir los puntos de venta y, al mismo tiempo, disminuir la violencia vinculada al negocio del microtráfico.

Merlo remarcó que los resultados están vinculados a la coordinación entre fiscales provinciales y federales, y advirtió que cualquier limitación a esas investigaciones podría impactar en la seguridad de los barrios.

“Si nos quitan esa competencia, vamos a volver a un Estado que no puede actuar frente a lo que pasa en el territorio”, concluyó.

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