Ahora los complicados son Bailaque y Busaniche

Los acuerdos fueron homologados en la Justicia Federal. La causa avanza hacia el juicio oral con más de 70 testigos citados. El juicio abreviado en Rosario dio ayer un paso clave cuando el empresario Fernando Whpei y el ex funcionario de AFIP Carlos Vaudagna reconocieron su responsabilidad penal ante la Justicia Federal. Los hechos, ocurridos entre 2019 y 2024, se investigan en Rosario y derivan de una causa por extorsión y maniobras judiciales irregulares. La admisión compromete la situación del ex juez federal Marcelo Bailaque y del escribano Santiago Busaniche, señalados como partícipes.

Los acuerdos se firmaron entre el 18 y el 19 de diciembre y fueron homologados por el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. Whpei, quien cumple prisión domiciliaria, participó por videoconferencia. Ambos imputados aceptaron los delitos atribuidos, aunque la pena será definida en una etapa posterior.

Según la causa, los hechos incluyeron el armado de una investigación penal contra empresarios rosarinos mediante denuncias falsas y medidas judiciales irregulares.

La fiscalía federal sostuvo que Whpei y Vaudagna actuaron de manera coordinada con Bailaque y Busaniche para impulsar una causa por lavado de activos. El expediente incluyó allanamientos considerados ilegales y presiones económicas para frenar la investigación.

Los fiscales Federico Reynares y Juan Argibay Molina detallaron que parte del dinero exigido fue entregado en distintos pagos entre 2019 y 2022.

Fuentes judiciales confirmaron que la homologación “tiene carácter parcial” y que la admisión de los hechos “refuerza la acusación contra los restantes imputados”. También indicaron que las maniobras fueron reconocidas bajo la figura de imputados colaboradores.

El caso se inscribe en una investigación mayor sobre presuntas irregularidades en el fuero federal de Rosario. La causa permaneció sin avances durante años y fue reactivada cuando la maniobra tomó estado público.

Además, se investigan pagos simulados por alquileres y transferencias de fondos vinculadas a decisiones judiciales.

Con los acuerdos ya homologados, la causa avanza hacia el juicio oral para los imputados que no aceptaron abreviar. Hay más de 70 testigos citados, entre ellos funcionarios judiciales y dirigentes políticos. La definición del proceso será clave para el futuro de los acusados.