Ahora la cauda por la cual fue indagado, es por abuso de autoridad

Fiscales federales de Rosario acusaron al magistrado por ordenar medidas para identificar a agentes de la PSA que allanaron su despacho. La Justicia consideró el caso de gravedad institucional.

Una nueva imputación al juez federal Gastón Salmain fue formalizada, en Rosario, cuando fiscales federales lo acusaron de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, el magistrado habría utilizado su investidura para intentar obtener datos de los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que allanaron su despacho y secuestraron su teléfono celular, en el marco de una causa en la que él mismo está siendo investigado. La maniobra se habría realizado mediante oficios dirigidos a organismos judiciales y de seguridad.

De acuerdo con la exposición fiscal, Salmain libró oficios al director de la PSA y a la Cámara Federal de Apelaciones con el objetivo de acceder a información vinculada a un expediente en el que figuraba como imputado. Esa causa está relacionada con la investigación previa por presuntos beneficios otorgados al grupo de mutuales del financista Fernando Whpei, quien cumple prisión domiciliaria por una causa de extorsión.

Los fiscales sostuvieron que el juez actuó desde su rol institucional para recabar datos sobre los agentes que ejecutaron una medida judicial válida, ordenada por otro magistrado, lo que configuraría una utilización indebida de su cargo.

La acusación fue presentada ante el juez de Garantías Román Lanzón por un equipo integrado por el fiscal Javier Azcubi Calvo, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos; las fiscales Soledad García y María Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario; el fiscal general Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA); y el auxiliar fiscal Esteban Venditti.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público detallaron que las medidas impulsadas por Salmain estaban directamente vinculadas a la causa en la que se investiga su conducta como juez federal, lo que agravaría la situación procesal.

Al finalizar la audiencia, el juez Lanzón resolvió hacer lugar a la calificación legal propuesta por la Fiscalía, rechazó el planteo de “atipicidad” presentado por la defensa y estableció un plazo de 180 días corridos para concluir la investigación. El vencimiento fue fijado para el 16 de junio del próximo año.

En su resolución, Lanzón remarcó que los hechos atribuidos no podían considerarse ajenos al derecho penal y que, en esta etapa, existían elementos suficientes para sostener la imputación formulada por los fiscales.

Esta nueva imputación se suma a la ya existente contra Salmain por haber dictado una medida cautelar que permitió al grupo de mutuales vinculadas a Whpei realizar una operación para adquirir 10 millones de dólares en un contexto de cepo cambiario. Esa decisión judicial fue uno de los ejes centrales de la investigación original y derivó en el allanamiento de su despacho y el secuestro de su teléfono celular.

El caso generó repercusión en el ámbito judicial federal por tratarse de un magistrado en funciones y por el impacto que podría tener sobre la credibilidad institucional del Poder Judicial.

El juez de Garantías consideró que la acusación reviste “gravedad institucional”, por lo que ordenó remitir el acta de la audiencia y su registro audiovisual al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de evaluar la conducta y el desempeño de los jueces federales.

Mientras avanza la investigación penal, el Consejo deberá analizar si corresponde iniciar un proceso disciplinario. La situación procesal de Salmain continúa abierta y su futuro judicial dependerá de la evolución de ambas instancias.