Además secuestraron armas y drogas
Operativos coordinados entre la PDI, el MPA, fuerzas provinciales y federales dejaron como saldo siete aprehendidos, además de armas, drogas y material clave para diversas investigaciones. Participaron más de 500 efectivos en una acción desplegada durante la madrugada.
Desde la madrugada de este miércoles, Rosario volvió a ser escenario de un megaoperativo policial. En total, se realizaron 53 allanamientos ordenados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y ejecutados por la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos tácticos provinciales y fuerzas federales. El despliegue abarcó zonas norte y sur de la ciudad y movilizó a 542 agentes y 148 móviles en simultáneo, en el marco de diversas causas vinculadas a balaceras, amenazas y microtráfico.
Los procedimientos derivaron en siete detenciones: seis de ellas por las causas investigadas y una por contar con pedido de captura activo. No se registraron heridos durante los operativos. Entre los elementos secuestrados se encuentran armas de fuego, cartuchería, estupefacientes, dinero en efectivo y celulares, considerados por los fiscales como piezas clave para reconstruir comunicaciones y roles dentro de presuntas organizaciones delictivas.
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que la acción fue resultado del trabajo conjunto entre el MPA y las fuerzas federales. Aseguró que estos procedimientos “serán frecuentes”, en línea con el incremento de investigaciones impulsado por la incorporación de nuevos fiscales.
La directora general de la PDI, Eva Cainelli, señaló que el material incautado tiene “alto valor probatorio”, ya que se relaciona directamente con causas de microtráfico, amenazas y abuso de arma.
Consultado sobre las balaceras ocurridas el pasado lunes, Pereira adelantó que existen “varias hipótesis en estudio”, aunque evitó profundizar para no entorpecer las pesquisas.
Los allanamientos se enmarcan en una estrategia de continuidad operativa que el Gobierno provincial sostiene desde fines de 2023, con récord de procedimientos y una reconfiguración activa de territorios y liderazgos criminales. Mientras avanza el análisis de la evidencia, la Justicia deberá determinar el grado de participación de los detenidos en los hechos recientes.










