“No puede haber jueces sospechados de corrupción o abuso de poder al frente de causas tan sensibles”

La diputada provincial Lionella Cattalini presentó una nota formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se acelere el tratamiento del expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, por presuntos hechos de corrupción, abuso de poder y acoso laboral.

La legisladora socialista amplió información ya incorporada al expediente e introdujo nuevos elementos que, según explicó, “refuerzan la necesidad de una actuación urgente del Consejo, para garantizar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial”.

Entre los puntos destacados, Cattalini señaló una operación financiera de diez millones de dólares presuntamente autorizada por Salmain a favor de una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei, quien habría declarado que el magistrado se quedó con un porcentaje de la operación. Además, se suman testimonios que lo vinculan con pedidos de dinero a cambio de resoluciones judiciales y denuncias internas por acoso y persecución laboral contra empleados del juzgado.

“Insto a la jueza Alejandra Provítola, a cargo de la acusación en el Consejo de la Magistratura, a que avance con celeridad y seriedad. La sociedad necesita volver a confiar en las instituciones, y eso exige actuar sin dilaciones”, sostuvo Cattalini.

El juez Salmain se encuentra bajo investigación desde julio pasado, luego de que se descubriera que omitió declarar un antecedente de cesantía dispuesto hace dos décadas, cuando fue separado de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno.
A partir de esa revelación, el Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario que continúa abierto.

En agosto de este año, la diputada solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación copia de los antecedentes presentados por Salmain en su concurso de 2022, así como la resolución de cesantía omitida. La documentación fue remitida al Consejo para su evaluación.

Para Cattalini, “ocultar información en una declaración jurada constituye una falta de enorme gravedad institucional”, y agregó que esa conducta “impide a los órganos de control ejercer correctamente su función”.

“Cada día que pasa sin respuestas afecta la credibilidad del sistema judicial. Es momento de actuar con decisión para que la Justicia vuelva a estar a la altura de lo que la sociedad espera”, concluyó.

El reclamo de Cattalini no solo apunta al juez investigado, sino a la necesidad de que los mecanismos de control judicial funcionen con transparencia. En un contexto donde la confianza en las instituciones se ve erosionada, la celeridad y la responsabilidad del Consejo serán claves para definir el rumbo de la causa.