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Impusieron medidas cautelares a un ex ministro de Seguridad de la provincia y a otros dos ex funcionarios<\/p>\n\n\n\n
Se les trabaron embargos por 100 mil d\u00f3lares a cada uno y se les prohibi\u00f3 acercarse a testigos y denunciantes del proceso en el que se los investiga por intentar defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa en una licitaci\u00f3n para comprar armas para la polic\u00eda santafesina por m\u00e1s de 17 millones de d\u00f3lares. Tampoco podr\u00e1n ingresar a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Econom\u00eda de la provincia ni a inmuebles de la polic\u00eda santafesina, y deber\u00e1n informar al MPA si se ausentan de sus domicilios. Las disposiciones fueron resueltas por el juez H\u00e9ctor Gabriel Candioti,<\/strong> quien tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u201cel haber probatorio reunido hasta el momento (por la Fiscal\u00eda) permite tener por acreditado la probable autor\u00eda de los imputados en los hechos investigados\u201d.<\/p>\n\n\n\n El ex titular de Seguridad que es investigado penalmente tiene 57 a\u00f1os. Por su parte, el ex secretario imputado es Montenegro de 54 a\u00f1os<\/strong>, quien estuvo a cargo de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica, tambi\u00e9n el subsecretario de Gesti\u00f3n T\u00e9cnica y Administraci\u00f3n Financiera de la cartera provincial.<\/p>\n\n\n\n Fundamentos<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cEl grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso se encuentra satisfecho\u201d, sostuvo Candioti en su resoluci\u00f3n. En tal sentido, afirm\u00f3 que \u201cel haber probatorio reunido hasta el momento permite tener por acreditado la probable autor\u00eda de los imputados en los hechos investigados\u201d.<\/p>\n\n\n\n El juez tambi\u00e9n hizo lugar a las calificaciones legales imputadas por la Fiscal\u00eda: negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica por administraci\u00f3n fraudulenta.<\/p>\n\n\n\n Armas<\/strong><\/p>\n\n\n\n En la argumentaci\u00f3n desarrollada en la audiencia de medidas cautelares, el MPA sostuvo que hay elementos de convicci\u00f3n suficientes para acreditar de que \u2013al menos desde mayo de 2020\u2013 los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitaci\u00f3n p\u00fablica n\u00famero 11\/2021, destinada a la compra de armas para la Polic\u00eda de la provincia de Santa Fe. Seg\u00fan se precis\u00f3 en la audiencia, la licitaci\u00f3n era por un total de 17.103.543 d\u00f3lares, y tambi\u00e9n se indic\u00f3 que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario p\u00fablico hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Se expuso que el accionar delictivo tuvo como fin beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patag\u00f3nico SRL, que representa a una compa\u00f1\u00eda israel\u00ed que es la \u00fanica proveedora de los productos que se pretend\u00edan adquirir.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda hizo hincapi\u00e9 en el testimonio brindado por el ex jefe de la Polic\u00eda de la provincia, V\u00edctor Sarnaglia<\/strong>, quien afirm\u00f3 que en reiteradas oportunidades, en diversas reuniones realizadas en diferentes \u00e1mbitos, el ex ministro imputado ya hab\u00eda manifestado su preferencia por las armas comercializadas por Emprendimientos Grupo Patag\u00f3nico SRL.<\/p>\n\n\n\n En la audiencia tambi\u00e9n se indic\u00f3 que los ex funcionarios imputados plantearon la necesidad de adquirir 12.272 armas, cantidad que fue considerada excesiva y desproporcionada. La elecci\u00f3n de una sola marca hubiera demandado 17.103.543,60 d\u00f3lares; mientras que el costo de la compra por separado a otros oferentes hubiese sido menor.<\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda aclar\u00f3 que, tras diversas intervenciones administrativas y judiciales (del Ministerio de Econom\u00eda, la C\u00e1mara Contencioso Administrativo, la Fiscal\u00eda de Estado y el Tribunal de Cuentas), la licitaci\u00f3n fue dejada sin efecto. Por lo tanto, los imputados no lograron su objetivo de defraudar a la administraci\u00f3n p\u00fablica por razones ajenas a su voluntad.<\/p>\n\n\n\n Pliego<\/strong><\/p>\n\n\n\n El MPA tambi\u00e9n dio a conocer que hay serios indicios de que fue el representante de la empresa a la que se intent\u00f3 beneficiar quien redact\u00f3 las condiciones t\u00e9cnicas que deb\u00edan tener las armas que se incluyeron en el pliego de la licitaci\u00f3n. En tal sentido, la Fiscal\u00eda detall\u00f3 que en dos pendrive secuestrados a los imputados y en una computadora del Ministerio de Seguridad, se encontraron archivos creados por este empresario antes de que se inicie el proceso licitatorio. Adem\u00e1s, seg\u00fan la Fiscal\u00eda, las particularidades del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la firma a la cual los imputados pretend\u00edan beneficiar.<\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n detall\u00f3 que los impactos de antena generados por tel\u00e9fonos celulares del representante de la empresa dan cuenta de que en la primera mitad de 2020 estuvo en diferentes ocasiones en las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Adem\u00e1s, se pudo determinar que en ambos lugares permaneci\u00f3 en inmediaciones de las sedes del Ministerio de Seguridad.<\/p>\n\n\n\n Sistema de armas<\/strong><\/p>\n\n\n\n De acuerdo con lo informado por el MPA, en las bases y condiciones especiales de la licitaci\u00f3n definidas por los ex funcionarios investigados se indicaba que cinco tipos de armas constitu\u00edan un supuesto sistema \u00fanico que no pod\u00eda ser cotizado parcialmente.<\/p>\n\n\n\n No obstante, la Fiscal\u00eda record\u00f3 que el decreto 1104\/16, que reglamenta la ley nacional de administraci\u00f3n, eficiencia y control del Estado, estipula que \u201cno se pueden incluir en un mismo rengl\u00f3n elementos o equipos que no configuren una unidad funcional indivisible\u201d. Al respecto, remarc\u00f3 que seg\u00fan todos los organismos p\u00fablicos intervinientes -judiciales y administrativos- no exist\u00edan razones t\u00e9cnicas o jur\u00eddicas que justificaran el agrupamiento de las armas, raz\u00f3n por la cual incluso una empresa nacional que fabrica algunos de los productos requeridos luego impugn\u00f3 la licitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El MPA expuso que la circunstancia de que el oferente debiera ser el mismo para todos los rubros fue observada por la Subsecretar\u00eda de Contrataciones y Gesti\u00f3n de Bienes del Ministerio de Econom\u00eda de la Provincia y advertida al Ministerio de Seguridad. Adem\u00e1s, la subsecretar\u00eda not\u00f3 que, a diferencia de licitaciones anteriores, los imputados quitaron la demanda de entregar sin costo 10% de piezas reemplazables y la garant\u00eda de provisi\u00f3n de repuestos por cinco a\u00f1os como m\u00ednimo.<\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, en el marco de la investigaci\u00f3n, se allanaron dos inmuebles en Buenos Aires, que eran los que la empresa beneficiaria -supuesta proveedora del “sistema de armas” para la polic\u00eda de Santa Fe- se\u00f1alaba como domicilios: uno era un estudio contable que neg\u00f3 ser parte de la firma, y el otro era un departamento particular que carec\u00eda de oficinas.<\/p>\n\n\n\n Otro investigado<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a la situaci\u00f3n procesal de un hombre de 49 a\u00f1os que, al momento de los hechos il\u00edcitos, era jefe de la Divisi\u00f3n Log\u00edstica de la polic\u00eda provincial.<\/p>\n\n\n\n El ex miembro de las fuerzas de seguridad es investigado en esta misma causa, por haber firmado documentos que \u00e9l no confeccion\u00f3 acerca de la necesidad de adquirir armas con determinados requisitos t\u00e9cnicos. Se le endilga la participaci\u00f3n necesaria en la tentativa de defraudaci\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica y se le impusieron medidas alternativas a la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n Entre otras medidas, al imputado se le impuso una fianza de 100 mil d\u00f3lares, no podr\u00e1 acercarse ni tener contacto con testigos de los hechos investigados ni concurrir a las sedes del Ministerio de Seguridad, de la Jefatura de Polic\u00eda y de la Divisi\u00f3n Log\u00edstica en la que trabajaba.<\/p>\n\n\n\n Estas medidas cautelares fueron dispuestas por el juez Jos\u00e9 Luis Garc\u00eda Troiano<\/p>\n\n\n\n Registro de oficinas p\u00fablicas<\/strong><\/p>\n\n\n\n En su resoluci\u00f3n, el juez Candioti tambi\u00e9n hizo una aclaraci\u00f3n acerca de \u201cotro cuestionamiento realizado por la parte defensiva relacionado al registro de las oficinas del Ministerio de Seguridad\u201d. El magistrado record\u00f3 que los abogados defensores plantearon que \u201cse necesitaba una orden judicial de allanamiento para el lugar, (y) no solo una orden verbal de los fiscales\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cTal postulaci\u00f3n entiendo no puede ser aceptada, ya que conforme surge del texto del art\u00edculo 169, cuarto p\u00e1rrafo (del C\u00f3digo Procesal Penal de la provincia), los edificios p\u00fablicos y oficinas administrativas, no es necesaria la orden de allanamiento, debiendo darse cuenta a la persona a cuyo cargo est\u00e9 el local\u201d, sostuvo el juez y concluy\u00f3 que \u201cno se ha violado la normativa legal dispuesta para el caso\u201d.<\/p>\n