Tras las indagatorias, el juez federal dispuso el secreto de sumario para preservar las medidas de prueba<\/p>\n\n\n\n
La Justicia Federal<\/strong> orden\u00f3 el secreto de sumario en la investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos que tiene como principal imputado al empresario rosarino Leandro David “Lelo” P\u00e9rez de 53 a\u00f1os<\/strong>. La medida fue dispuesta luego de las indagatorias realizadas este viernes, en el marco de una causa que tambi\u00e9n involucra a su hijo Agust\u00edn P\u00e9rez<\/strong>, a su socio Marcelo Malatesta<\/strong>, al ex polic\u00eda Maximiliano Novillo<\/strong> y al subinspector Emiliano Haro, quien a\u00fan no fue indagado.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo de los fiscales Mat\u00edas Scilabra<\/strong>, de la Procunar<\/strong> y Juan Argibay Molina<\/strong>, de la Procelac<\/strong>, quienes sostienen que los imputados habr\u00edan montado una estructura destinada a otorgar apariencia de legalidad a un patrimonio que, seg\u00fan la hip\u00f3tesis fiscal, ser\u00eda incompatible con sus ingresos declarados.<\/p>\n\n\n\n La pesquisa pone bajo la lupa la utilizaci\u00f3n de sociedades comerciales, un fideicomiso constructor, la adquisici\u00f3n de inmuebles y veh\u00edculos de alta gama, adem\u00e1s de otras operaciones financieras que habr\u00edan servido para canalizar fondos de presunto origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n El expediente tramita en el Juzgado Federal N\u00ba 3 de Rosario<\/strong>, a cargo del juez Carlos Vera Barros<\/strong>, bajo el antiguo sistema procesal penal. En ese marco, tras las declaraciones indagatorias, el magistrado cuenta con un plazo de diez d\u00edas para resolver los planteos formulados por la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n El secreto de sumario implica que las medidas de prueba en desarrollo permanecer\u00e1n reservadas mientras avanza la investigaci\u00f3n, con el objetivo de preservar el \u00e9xito de las diligencias judiciales.<\/p>\n\n\n\n No es la primera vez que P\u00e9rez<\/strong> enfrenta una investigaci\u00f3n penal. En febrero de 2023<\/strong> fue condenado mediante un juicio abreviado a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de activos<\/strong> simple<\/strong> en una causa vinculada a una millonaria estafa inmobiliaria<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la hip\u00f3tesis de los fiscales, las maniobras ahora investigadas habr\u00edan continuado incluso despu\u00e9s de aquella condena. En ese contexto, se analiza el funcionamiento de empresas como Transporte Overland S.R.L<\/strong>., Palabra Santa S.R.L<\/strong>. y Araca Coraz\u00f3n S.R.L<\/strong>., que habr\u00edan sido utilizadas para incorporar bienes al circuito legal.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la causa retoma l\u00edneas investigativas que desde hace a\u00f1os buscaban determinar presuntos v\u00ednculos financieros con organizaciones dedicadas al narcotr\u00e1fico. Sin embargo, las responsabilidades penales de cada uno de los imputados deber\u00e1n definirse durante el proceso judicial y una eventual sentencia.<\/p>\n\n\n\n Por el momento, la causa permanece en etapa de instrucci\u00f3n y bajo reserva, mientras la Justicia Federal contin\u00faa reuniendo pruebas para determinar el alcance de las maniobras investigadas<\/p>\n