El Tribunal consider\u00f3 que no hubo pruebas suficientes<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Oral Federal N\u00ba 1 de Rosario absolvi\u00f3 por mayor\u00eda a los 17 ex polic\u00edas federales acusados por secuestros, torturas y homicidios cometidos en Villa Constituci\u00f3n<\/strong> durante los a\u00f1os 70. Las querellas adelantaron que apelar\u00e1n el fallo.<\/p>\n\n\n\n Este martes, en los Tribunales Federales de Rosario, se conoci\u00f3 la sentencia del Fallo N.\u00ba 114\/2025<\/strong>, que puso fin a un extenso proceso judicial iniciado hace m\u00e1s de una d\u00e9cada. El Tribunal Oral Federal N\u00ba 1<\/strong> \u2014integrado por los jueces Germ\u00e1n Sutter Schneider, Ricardo V\u00e1squez y Otmar Paulucci\u2014 resolvi\u00f3 absolver a los 17 imputados<\/strong>, ex integrantes<\/strong> de la Polic\u00eda Federal<\/strong> Argentina<\/strong>, acusados por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa conocida como \u201cEl Villazo<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n, adoptada por mayor\u00eda, gener\u00f3 sorpresa y pol\u00e9mica. El tribunal consider\u00f3 que no se logr\u00f3 probar con certeza la participaci\u00f3n individual de los acusados en los secuestros y torturas sufridos por decenas de trabajadores metal\u00fargicos y militantes de Villa Constituci\u00f3n<\/strong> entre 1975 y 1978.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El juicio abarc\u00f3 m\u00e1s de 40 casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. Entre las v\u00edctimas se encontraban referentes sindicales como Alberto Piccinini, Juan Actis, Miguel Simonovich y Zen\u00f3n<\/strong> S\u00e1nchez<\/strong>, todos ellos perseguidos durante los a\u00f1os de mayor represi\u00f3n en el cord\u00f3n industrial del sur santafesino.<\/p>\n\n\n\n Las acusaciones se\u00f1alaban que los hechos ocurrieron con la complicidad de la empresa ACINDAR S.A.,<\/strong> donde habr\u00eda funcionado un centro clandestino de detenci\u00f3n conocido como el \u201cAlbergue de Solteros<\/strong>\u201d. Seg\u00fan testimonios, en ese lugar se alojaron y torturaron trabajadores antes de su traslado o desaparici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el tribunal decidi\u00f3 no reconocer ese predio como centro clandestino, al entender que no hubo pruebas concluyentes para acreditarlo judicialmente.<\/p>\n\n\n\n Durante el proceso intervinieron el Fiscal General Adolfo Villatte<\/strong>, junto a un amplio equipo de auxiliares, y las querellas representadas por organismos de derechos humanos y sindicales: el CELS, la Secretar\u00eda de Derechos Humanos de la Naci\u00f3n, la UOM, la APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.<\/p>\n\n\n\n Las defensas, encabezadas por los abogados Hern\u00e1n Kovacevich, Ignacio Zunino, Gonzalo Mi\u00f1o<\/strong> y el Defensor P\u00fablico Julio Agnoli<\/strong>, reclamaron la nulidad del proceso y sostuvieron la falta de pruebas directas. Kovacevich<\/strong> afirm\u00f3 en su alegato final que \u201cla verdad se impuso sobre el tiempo y la injusticia\u201d, subrayando que ning\u00fan testigo identific\u00f3 a sus defendidos en los hechos denunciados.<\/p>\n\n\n\n El Tribunal rechaz\u00f3 los planteos de las querellas que ped\u00edan declarar inconstitucionales los decretos de 1974 y 1975, que ordenaban \u201caniquilar la subversi\u00f3n\u201d, y tambi\u00e9n deneg\u00f3 el pedido de nulidad presentado por las defensas. Finalmente, resolvi\u00f3 absolver a todos los imputados, disponer la inmediata libertad de tres de ellos y tener presente las reservas recursivas de las partes acusadoras.<\/p>\n\n\n\n El fallo provoc\u00f3 fuertes reacciones entre las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las v\u00edctimas, quienes lo calificaron como \u201cun retroceso en materia de memoria y justicia\u201d. Anticiparon que apelar\u00e1n ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal.<\/p>\n\n\n\n Desde el lado de las defensas, el clima fue de alivio. Consideraron que el veredicto restablece el principio de inocencia y pone fin a un proceso \u201cprolongado e injusto\u201d.<\/p>\n\n\n\n El caso \u201cEl Villazo<\/strong>\u201d forma parte de las Causas ACINDAR<\/strong>, que investigan la colaboraci\u00f3n entre fuerzas estatales y sectores empresariales durante la represi\u00f3n sindical de los a\u00f1os setenta. Aunque este fallo signific\u00f3 una absoluci\u00f3n general, el tema sigue abierto: las apelaciones podr\u00edan modificar el resultado en instancias superiores.<\/p>\n\n\n\n En definitiva, el Tribunal entendi\u00f3 que no hubo pruebas suficientes para condenar, mientras que las v\u00edctimas insisten en que la impunidad se impuso al paso del tiempo. Una vez m\u00e1s, la memoria y la justicia quedaron en debate.<\/p>\n\n\n\n El fallo del Tribunal Federal N.\u00ba 1 de Rosario deja una marca en la historia judicial de la regi\u00f3n: despu\u00e9s de a\u00f1os de audiencias, decenas de testigos y cientos de pruebas analizadas, la justicia concluy\u00f3 que no pudo probar los delitos atribuidos a los ex polic\u00edas. El veredicto divide aguas entre quienes celebran el respeto al debido proceso y quienes lo viven como una herida abierta en la b\u00fasqueda de verdad y reparaci\u00f3n.<\/p>\n