Son 17 las personas implicadas entre uniformados y civiles<\/p>\n\n\n\n
Una investigaci\u00f3n judicial sacudi\u00f3 a la Unidad Regional II de Rosario con la imputaci\u00f3n de 17 personas<\/strong>, entre polic\u00edas de alto rango y civiles<\/strong>, acusadas de haber participado en un esquema sistem\u00e1tico de sustracci\u00f3n de fondos p\u00fablicos<\/strong>. Los caudales, destinados al abastecimiento de combustible para m\u00f3viles policiales, habr\u00edan sido desviados mediante sobrefacturaci\u00f3n y facturaci\u00f3n de cargas inexistentes, con un perjuicio mensual<\/strong> estimado en m\u00e1s de 45 millones de pesos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Este martes 13, comenz\u00f3 una audiencia imputativa que continuar\u00e1 ma\u00f1ana, desde las 14.30, la Fiscal\u00eda, a cargo del Dr. Jos\u00e9 Luis Caterina, imput\u00f3 a 13 polic\u00edas y 4 civiles por su presunta participaci\u00f3n en una red delictiva que operaba entre dependencias policiales y la empresa \u201cGas Auto Tiferno S.A.\u201d,<\/strong> proveedora de combustibles de la marca Puma Energy<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El foco de la investigaci\u00f3n gira en torno al uso indebido de las tarjetas \u201cVisa Flota<\/strong>\u201d, que seg\u00fan protocolo oficial deb\u00edan permanecer en cada m\u00f3vil policial. En cambio, eran concentradas por ciertos funcionarios y utilizadas para generar facturaci\u00f3n fraudulenta: sobrefacturando cargas reales o inventando cargas inexistentes.<\/p>\n\n\n\n El Comisario Supervisor Gerardo Fabi\u00e1n Ram\u00edrez<\/strong>, jefe de Garage Oficial<\/strong>, aparece como figura clave. Recib\u00eda mensualmente millones de pesos en partidas destinadas a combustible, que eran redirigidas, al menos en parte, a la firma Tiferno<\/strong> mediante mecanismos irregulares. Su v\u00ednculo con Rodrigo Sebasti\u00e1n Dom\u00ednguez<\/strong>, jefe de la Secretar\u00eda Privada de la UR II, era fluido y frecuente. La Fiscal\u00eda asegura que ambos manten\u00edan contactos peri\u00f3dicos y que Dom\u00ednguez<\/strong> ejerc\u00eda presi\u00f3n para asegurar la continuidad del circuito de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Otros imputados como Juan Alberto Villordo<\/strong> (Motorizada) y Sergio Dar\u00edo L\u00f3pez<\/strong> (Comando Radioel\u00e9ctrico), fueron sorprendidos facturando con cientos de tarjetas flota desde sus domicilios personales. Nancy Plomer,<\/strong> sin funciones relacionadas con el combustible, tambi\u00e9n est\u00e1 implicada: se le atribuye colaboraci\u00f3n log\u00edstica desde su casa y se habr\u00eda beneficiado por su relaci\u00f3n sentimental con L\u00f3pez<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Entre los civiles involucrados figuran M\u00f3nica Juana Bianconi<\/strong>, presidenta de Tiferno<\/strong>; Oscar Artemio Coullery<\/strong>, co-propietario; Daniel Alberto Reynoso<\/strong>, encargado operativo y Mar\u00eda Fernanda De Franco<\/strong>, empleada administrativa. Ellos habr\u00edan coordinado el pago de sobornos en sobres y cajas, entregados directamente a los funcionarios policiales en la estaci\u00f3n de servicio de Ovidio Lagos al 3900<\/strong> o en oficinas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n El circuito de corrupci\u00f3n no solo dren\u00f3 recursos p\u00fablicos, sino que desvirtu\u00f3 el sistema de abastecimiento y control del combustible policial<\/strong>. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los efectivos responsables omitieron sus deberes para obtener un beneficio econ\u00f3mico a cambio de mantener la operatoria. Documentaci\u00f3n secuestrada, grabaciones telef\u00f3nicas y observaciones en c\u00e1maras de seguridad <\/strong>constituyen parte del cuerpo probatorio.<\/p>\n\n\n\n El impacto es multimillonario: se estima que el desfalco mensual ascend\u00eda a m\u00e1s de 45 millones de pesos<\/strong>, afectando directamente la capacidad operativa de la polic\u00eda y desviando fondos estatales hacia bolsillos privados.<\/p>\n\n\n\n Este caso evidencia un entramado de corrupci\u00f3n institucional que involucra desde comisarios supervisores hasta personal administrativo civil. El uso sistem\u00e1tico de mecanismos fraudulentos para apropiarse de recursos p\u00fablicos destinados a la seguridad ciudadana representa un golpe a la confianza social en las instituciones. La continuidad de las audiencias y el avance de la investigaci\u00f3n ser\u00e1n claves para determinar responsabilidades individuales y reparar el da\u00f1o causado al Estado santafesino.<\/p>\n