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La misma hab\u00eda sido solicitada por Nicol\u00e1s Mayoraz en representaci\u00f3n de Vida y Familia y La Libertad Avanza<\/p>\n\n\n\n
En el contexto de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, un importante fallo judicial abord\u00f3 la solicitud de una medida cautelar presentada por los partidos pol\u00edticos Vida y Familia, La Libertad Avanza<\/strong> y el abogado Nicol\u00e1s Mayoraz<\/strong>. La demanda fue iniciada en diciembre de 2024, antes de la feria judicial de enero de 2025. En esta acci\u00f3n, los solicitantes pidieron la suspensi\u00f3n del proceso de reforma constitucional, argumentando que la ley 14384, recientemente sancionada, alteraba las disposiciones fundamentales de la Constituci\u00f3n Provincial.<\/p>\n\n\n\n El proceso judicial estuvo marcado por la intervenci\u00f3n de dos jueces. La magistrada originalmente encargada del caso, la Dra. Susana Gueiler<\/strong>, no pudo resolver la medida cautelar debido a los tiempos procesales, lo que llev\u00f3 al juez de feria, quien se encontraba en funciones en ese periodo, a tomar la decisi\u00f3n de rechazar la medida. Este rechazo no implic\u00f3 un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que ser\u00e1 resuelto en una instancia futura.<\/p>\n\n\n\n El fallo comenz\u00f3 con un an\u00e1lisis de la legitimaci\u00f3n activa de los actores, rechazando la objeci\u00f3n planteada por la Provincia de Santa Fe sobre su falta de legitimidad para interponer la acci\u00f3n. El juez destac\u00f3 que los partidos pol\u00edticos tienen, por mandato constitucional, la capacidad de actuar en defensa de la Constituci\u00f3n, ya que son instituciones fundamentales en la democracia, tal como establece el art\u00edculo 38 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el juez tambi\u00e9n concluy\u00f3 que no se cumpl\u00edan los requisitos para conceder la medida cautelar solicitada. Entre los aspectos fundamentales del rechazo, se destac\u00f3 la ausencia de verosimilitud en los argumentos presentados por los actores. Seg\u00fan la jurisprudencia, las medidas cautelares requieren una demostraci\u00f3n clara de que el derecho invocado es plausible, lo cual no se dio en este caso. Adem\u00e1s, la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso de reforma fue considerada excesiva, pues no se demostr\u00f3 un peligro inminente o urgente que justificara la medida.<\/p>\n\n\n\n El juez tambi\u00e9n subray\u00f3 que la pretensi\u00f3n cautelar se confund\u00eda con la sentencia de fondo, lo que no es procedente en el marco de una medida cautelar. Esta solicitud, seg\u00fan se explic\u00f3, se asemejaba m\u00e1s a un adelanto de la resoluci\u00f3n final del caso, lo que est\u00e1 prohibido por la normativa procesal.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, el juez resolvi\u00f3 rechazar la medida cautelar solicitada<\/strong>, considerando que no se cumpl\u00edan los requisitos esenciales para su procedencia<\/strong>. Si bien la parte actora no logr\u00f3 demostrar la urgencia necesaria, el caso sigue pendiente de resoluci\u00f3n en su totalidad, lo que permitir\u00e1 una revisi\u00f3n exhaustiva del proceso de reforma constitucional en Santa Fe. Las costas del procedimiento se impusieron por su orden, dada la existencia de vencimientos rec\u00edprocos en el tr\u00e1mite<\/p>\n