Les atribuyeron los delitos de asociación ilícita y estafa, quedando las principales cabezas detenidas

Este martes imputaron a Leonardo Nelson Cositorto, a Edmundo Roque Depiante, Delfina Depiante y Verónica Rampello por formar parte de una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada, todo ello bajo la estructura de una sociedad anónima con la denominación “Generación Zoe S.A.”, liderada por Cositorto

El Fiscal Dr. Mariano Rios Artacho le atribuyó los delitos de asociación ilícita en carácter de coautores y estafa en calidad de coautores por 11 hechos. La Jueza de Primera Instancia Dra. Castelli tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Cositorto y Depiante, y en acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa dictaron la prisión domiciliaria para Rampello por el plazo de ley y la libertad para Depiante con el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de ley, siendo éstas, fijar domicilio, firma quincenal ante la OGJ y prohibición de salida del país, y prohibición de acercamiento hacia las víctimas por cualquier medio.

La Fiscalía les atribuyó haber formado parte de una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada, todo ello bajo la estructura de una sociedad anónima con la denominación “GENERACIÓN ZOE S.A”, liderada por el Leonardo Nelson Cositorto, simulando dedicarse a la actividad financiera y de esa manera defraudar a las víctimas. Dicha maniobra consistía en captar a las víctimas, a quienes les ofrecían rentas mensuales realizando una inversión. Las víctimas entregaban dólares, bajo diferentes modalidades: la principal era denominada “membrecías”, las cuales prometían un interés mensual del 7.5%, luego también se encontraban los llamados “robots”, que consistían en inversiones, los cuales contaban con diferentes plazos e intereses.  Todo ello, a sabiendas de no poder abonar lo prometido, para finalmente en el mes de Febrero del 2022, dejar de abonar dichos intereses como así también no procedieron al reintegro del capital invertido por las víctimas, provocando un perjuicio económico en la suma aproximada de U$D 175.343