El inmueble de Pasaje Zola 3641 fue inactivado este viernes y se convirtió en el búnker número 81 bloqueado en Rosario desde la vigencia de la Ley de Microtráfico
El Gobierno de Santa Fe, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), realizó este viernes la inactivación de un inmueble señalado como punto de venta de drogas en Pasaje Zola 3641. La propiedad también quedó vinculada a la investigación por el homicidio de Roberto Ferrari, un jubilado de 81 años asesinado el 27 de mayo frente a un supermercado de Sanguinetti al 5200.
Por las características del inmueble, las autoridades resolvieron bloquear sus accesos y aberturas. La planta superior continúa habitada y, según la documentación incorporada a la causa, su ocupación sería legal.
El procedimiento constituye la inactivación número 81 en Rosario y la 139 en toda Santa Fe desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, a fines de 2023.
Uno de los elementos centrales de la investigación fue el sistema provincial de videovigilancia Lince, que utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes y reconstruir recorridos.
Según explicó el fiscal Franco Miatello, los dos sospechosos del homicidio utilizaron el inmueble como base después del crimen. Allí se habrían cambiado de ropa y posteriormente abandonaron el lugar en un automóvil de alquiler.
El análisis de las imágenes permitió reconstruir sus movimientos y establecer de dónde habían llegado y hacia dónde se dirigieron.
Miatello señaló que cuatro personas fueron detenidas y posteriormente condenadas por encubrimiento. Además, uno de los presuntos autores materiales permanece en prisión preventiva, mientras continúa la búsqueda del segundo.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó la rapidez del procedimiento y sostuvo que el caso muestra el resultado del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y las herramientas tecnológicas.
La intervención fue realizada en el marco de una estrategia provincial que busca bloquear inmuebles vinculados al narcomenudeo y recuperar el control de espacios utilizados para la comercialización de estupefacientes
