Así disparó Virginia Coudannes contra la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena
La polémica se desató luego de que la Justicia declarara inválido un procedimiento realizado por la PDI mediante la figura de flagrancia virtual. Desde el Gobierno provincial defendieron el uso de tecnología para investigar delitos y cuestionaron la resolución judicial.
El Gobierno de Santa Fe cuestionó este jueves el fallo de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, quien declaró nulo un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras una balacera ocurrida el 19 de junio en la zona sur de Rosario. La medida había sido ejecutada bajo la modalidad de flagrancia virtual, luego de que los investigadores reconstruyeran el recorrido de los sospechosos mediante cámaras de videovigilancia y el sistema de inteligencia artificial Lince.
Según la investigación, durante la madrugada del 19 de junio dos delincuentes que circulaban en bicicleta salieron de una vivienda ubicada en España al 7000, se dirigieron hasta Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra un domicilio.
Las imágenes captadas por las cámaras permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos en pocas horas. Con esa evidencia, la PDI realizó un allanamiento en la vivienda de la que habían partido y demoró a un adolescente de 17 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Menores.
La jueza Aguirre Guarrochena resolvió posteriormente declarar inválido el procedimiento, una decisión que generó una fuerte reacción por parte del Ejecutivo provincial.
La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, sostuvo que la flagrancia virtual es una herramienta contemplada por la legislación vigente y afirmó que permite actuar cuando un delito puede reconstruirse de manera inmediata mediante recursos tecnológicos.
“Pudimos identificar a los implicados y detenerlos después de una balacera que pudo haber terminado con una persona asesinada”, señaló la funcionaria.
Coudannes defendió las inversiones realizadas en seguridad por la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y cuestionó lo que definió como una visión excesivamente garantista.
“Hay un gobernador que invierte millones en tecnología, patrulleros y en fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las fuerzas de seguridad, mientras una jueza desconoce un procedimiento previsto en un protocolo vigente”, expresó.
La declaración más contundente llegó al final de su exposición: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”.
La controversia volvió a poner en el centro del debate el alcance de las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación criminal y los límites de su utilización dentro del proceso judicial.
Mientras el Gobierno sostiene que estos recursos son clave para combatir el delito, la resolución judicial abrió una discusión sobre su aplicación y validez en causas penales, especialmente cuando involucran a menores de edad.
