El operativo se realizó en un predio de la zona oeste de Rosario, donde la Provincia secuestró baterías, cables, cobre, aluminio y autopartes cuyo origen no pudo ser acreditado
La Provincia de Santa Fe incautó cerca de cuatro toneladas de materiales sin trazabilidad durante un operativo realizado este jueves en una chatarrería ubicada en Cerrito al 4700, en la zona oeste de Rosario. El procedimiento se desarrolló en el marco de una causa penal y estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), junto a otras áreas de control provinciales.
Según informaron las autoridades, los elementos secuestrados no contaban con documentación que acreditara su origen, por lo que fueron decomisados para evitar su reingreso al circuito comercial.
La inspección fue coordinada por el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, junto a personal del Registro de Desarmaderos y de la APRAD.
Durante el control incautaron 1770 kilos de baterías, 558 kilos de cables envainados, 294 kilos de aluminio, 352 kilos de cobre, 50 kilos de cubiertas y 450 kilos de materiales diversos. Sumadas las autopartes halladas, el peso total alcanzó las cuatro toneladas.
Desde el Gobierno provincial explicaron que los controles sobre chatarrerías, desarmaderos y locales de autopartes se intensificaron desde principios de 2024 con el objetivo de combatir mercados vinculados al robo de cables, medidores, autopartes y otros elementos metálicos.
Figueroa Escauriza señaló que los materiales decomisados serán compactados y reciclados para retirarlos definitivamente del mercado ilegal.
El funcionario aseguró que las inspecciones están generando resultados concretos. Según datos oficiales, las denuncias por robo de cables, luminarias, medidores de gas y otros materiales metálicos disminuyeron cerca de un 80 % en la provincia.
Por su parte, el director del Registro de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, sostuvo que estos procedimientos buscan cortar la cadena de comercialización de elementos provenientes del delito.
“La baja de estos hechos demuestra que cuando el Estado controla los circuitos de venta y compra, se reducen las oportunidades para quienes intentan lucrar con materiales robados”, concluyó
