La Provincia dio de baja la asistencia económica al Movimiento Mahatma Gandhi, de la ciudad de Santa Fe
El Gobierno de Santa Fe denunció penalmente a la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi y suspendió el envío de fondos públicos luego de detectar consumos que no coincidirían con el destino previsto para el programa Tarjeta Institucional. La medida fue anunciada tras una auditoría realizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que encontró gastos en locales de comida rápida, bares, restaurantes y kioscos.
Según informó la Provincia, los fondos asignados a la institución debían utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos destinados a un comedor comunitario. Sin embargo, los movimientos registrados en la tarjeta oficial presentaban inconsistencias con las rendiciones de gastos presentadas por la organización.
De acuerdo con los informes oficiales, los controles permitieron advertir diferencias entre la documentación entregada por la entidad y los consumos efectivamente realizados.
Entre las operaciones observadas aparecen compras en cadenas de comida rápida como McDonald’s, además de gastos en restaurantes céntricos, bares y kioscos. Todos esos movimientos quedaron incorporados a la documentación presentada ante la Justicia.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la Tarjeta Institucional sólo puede recibir fondos depositados por la administración santafesina, por lo que cada gasto realizado debe estar vinculado al funcionamiento del comedor y a la asistencia alimentaria de sus beneficiarios.
El vínculo con Luciano “Chano” Rossi
El Movimiento Mahatma Gandhi estuvo conducido hasta abril de 2024 por Luciano “Chano” Rossi, dirigente social que en julio de 2025 fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía.
Según informó la Provincia en aquel momento, una investigación interna determinó que Rossi había asistido a trabajar 651 días y acumulado 1.452 ausencias sobre un total de 2.103 jornadas analizadas.
A partir de las irregularidades detectadas, el Gobierno decidió dar de baja a la organización como beneficiaria del programa y presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si existió un uso indebido de fondos públicos.
Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano señalaron que los controles forman parte de una política permanente de auditoría destinada a garantizar que los recursos estatales lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
La investigación judicial recién comienza y será la encargada de establecer eventuales responsabilidades sobre el manejo de los fondos observados
