Crecen las denuncias contra Grupo Roma, Pilay y un agente de bolsa

Vecinos y ahorristas protagonizaron nuevas protestas este miércoles en Rosario y localidades cercanas, en reclamo por presuntas estafas vinculadas a desarrollos inmobiliarios y financieros. Las manifestaciones se registraron en Ibarlucea, el centro rosarino y otras zonas, con críticas a empresas como Grupo Roma y Pilay, además de una causa judicial que avanza contra un agente de bolsa. Los reclamos apuntan a demoras, cambios en las condiciones contractuales y falta de respuestas oficiales.

En Ibarlucea, compradores de lotes volvieron a concentrarse frente a desarrollos de Grupo Roma. Denuncian que hay al menos cuatro emprendimientos sin habilitación, aunque muchos ya fueron comercializados. “Nos vendieron algo que no está aprobado”, señalaron algunos vecinos durante la protesta.

En paralelo, ahorristas de Pilay realizaron movilizaciones en tribunales y espacios públicos. Según relataron, quienes finalizaron sus planes de pago no recibieron las viviendas prometidas y, en algunos casos, les ofrecen lotes alejados del centro urbano en lugar de departamentos.

Las situaciones aún transitan carriles administrativos y judiciales. En el caso de Pilay, algunos damnificados advierten sobre posibles quitas de hasta un 30% del capital invertido si aceptan nuevas condiciones. También denuncian presiones para firmar acuerdos.

Por otra parte, el Ministerio Público de la Acusación avanzó con una causa por delitos económicos contra un financista detenido de forma preventiva.

Fuentes judiciales confirmaron que se solicitó la apertura a juicio contra el acusado, junto a Martín Fernández, señalados por al menos 23 hechos de estafa. La fiscalía pidió penas de hasta siete años de prisión efectiva.

Desde ámbitos provinciales reconocen contactos con organismos de defensa del consumidor, aunque los damnificados consideran insuficiente la intervención estatal.

Los reclamos comparten un punto en común: afectan a personas que buscaban acceder a su primera vivienda. Muchos son inquilinos que apostaron a planes a largo plazo como alternativa para dejar de alquilar.

En paralelo, crece la preocupación por la falta de controles en algunos desarrollos y la lentitud en las respuestas institucionales.

Mientras avanzan causas judiciales y negociaciones, el conflicto suma volumen social. Las protestas continúan y los damnificados exigen definiciones concretas para recuperar su dinero o acceder a las propiedades prometidas