El sistema permite denunciar sin ir a una comisaría y ya generó miles de causas judiciales
A un año de su puesta en marcha, el Centro de Denuncias 911 superó los 9200 llamados en la provincia. El sistema funciona desde el 19 de marzo de 2025, integrado a la Central de Emergencias y permite realizar denuncias no urgentes de forma telefónica. Según datos oficiales, 6665 de esas comunicaciones se transformaron en denuncias formales. El objetivo es agilizar el acceso a la justicia y captar hechos que antes quedaban fuera del sistema.
El servicio está orientado a delitos que no implican riesgo inmediato, como amenazas, robos, estafas o lesiones leves. La atención está a cargo de abogados, lo que permite que cada llamado tenga validez legal desde el inicio.
Una vez registrada, la denuncia se envía al Ministerio Público de la Acusación mediante un sistema digital. El denunciante recibe un comprobante por correo electrónico, sin necesidad de trasladarse a una dependencia policial.
El sistema funciona actualmente en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. En el primer año, Rosario concentró la mayor demanda: 6150 llamados, de los cuales 4598 se convirtieron en denuncias. En la capital provincial se registraron 3081 comunicaciones, con 2067 casos formalizados.
Además de las denuncias, hubo 2566 intervenciones de orientación, lo que muestra que el servicio también cumple un rol informativo para quienes no saben cómo avanzar ante un hecho.
La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, destacó que la herramienta “permite abordar delitos que muchas veces no se denunciaban”. Según explicó, esto mejora tanto la atención a las víctimas como la capacidad investigativa del sistema judicial.
La incorporación de denuncias telefónicas responde a una demanda histórica: evitar trámites presenciales y reducir barreras de acceso. En muchos casos, hechos menores no eran denunciados por falta de tiempo o por la complejidad del proceso.
Con más de 9200 llamados en su primer año, el sistema empieza a consolidarse como una vía alternativa para iniciar causas penales. El desafío ahora será ampliar su alcance y sostener la respuesta judicial.
