Fue tras detener a 15 integrantes de una banda

El operativo, enmarcado en la ley de microtráfico, permitió desarticular un centro de ventas vinculado a “La Picota” y secuestrar cocaína, armas y millones de pesos. La justicia provincial derribó este martes un punto de venta de estupefacientes en Garibaldi al 200, en barrio Tablada, Rosario, tras una investigación iniciada en septiembre de 2025. El procedimiento, ejecutado bajo la nueva ley de microtráfico, desarticuló una organización de 15 personas implicada en el comercio de drogas y balaceras.

El inmueble funcionaba como un búnker fortificado sin aberturas ni servicios básicos, donde la venta se realizaba a través de una pequeña mirilla en un baño precario. Durante los allanamientos, las autoridades hallaron un kilo de cocaína fraccionada, balanzas y una máquina de contar billetes.

Además de más de un kilo de droga, se incautaron más de 6 millones de pesos en efectivo y dos armas de fuego vinculadas a ataques previos en la zona sur. Los investigadores utilizaron escuchas telefónicas para confirmar cómo la banda resguardaba el punto de venta para confundir a los vecinos que denunciaban la actividad.

El equipo de Microtráfico de la Fiscalía General detectó que la organización era liderada por una mujer apodada “La Picota“. Según la pesquisa, la organizadora mantiene vínculos familiares con “La Fea Gonzales” pareja del “Morocho Mansilla, ambas detenidas actualmente por diversos delitos violentos.

La banda tiene atribuidos al menos cuatro hechos de balaceras recientes, uno de los cuales dejó heridos de arma de fuego. La fiscalía logró identificar a los 15 actores principales que operaban de forma organizada para mantener el control territorial del narcomenudeo en el barrio.

La fiscal De Biase destacó que estas medidas judiciales son “herramientas efectivas para bajar los índices de violencia en la zona”. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, señaló que la usurpación de estos lugares “descompone la tranquilidad social y económica del barrio”.

El sitio ya había sido allanado en diciembre y febrero, pero fue tomado nuevamente por habitantes ocasionales para continuar la actividad ilícita. Con la demolición del búnker, las autoridades buscan cesar el estado antijurídico del lugar y prevenir que la estructura sea utilizada para nuevos delitos.