Ya son 108 los puntos de venta inactivados por la Ley de Microtráfico
Dos búnkeres de venta de drogas fueron derribados este miércoles en Rosario, en un operativo realizado en Cisnero al 6400, en la zona oeste de la ciudad. La intervención fue coordinada entre el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación. Con este procedimiento, ya son 108 los puntos de narcomenudeo inactivados desde la aplicación de la Ley de Microtráfico, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Las estructuras demolidas eran utilizadas como lugares de comercialización de estupefacientes. La medida se tomó tras una investigación judicial que confirmó su funcionamiento como puntos de venta.
El procedimiento se desarrolló en el barrio conocido como La Lagunita, un sector que en los últimos meses registró episodios de violencia asociados al narcomenudeo.
La demolición fue supervisada por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, junto con fiscales del MPA y personal policial. Las dos construcciones estaban ubicadas a pocos metros entre sí.
Según indicaron los investigadores, los inmuebles ya habían sido intervenidos anteriormente en distintos allanamientos vinculados a causas por venta de drogas.
El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, explicó que la zona es objeto de múltiples investigaciones judiciales.
“Se trata de dos búnkeres ubicados a escasos metros entre sí, en una zona particularmente activa en hechos de violencia vinculados al narcomenudeo”, señaló el funcionario durante la supervisión del procedimiento.
Pereira recordó que el barrio registró meses atrás homicidios, tiroteos y balaceras relacionados con disputas por el control de la venta de drogas.
El fiscal del caso, Diego Giro, indicó que la causa se investiga desde el año pasado y que se realizaron varios allanamientos en el sector.
“El lugar es complejo en cuanto a la comercialización de estupefacientes y los delitos vinculados a esa actividad”, explicó.
El funcionario judicial detalló que en la última etapa se trabajó junto a la Tropa de Operaciones Especiales, que confirmó mediante tareas de inteligencia que las construcciones seguían activas como puntos de venta.
La demolición se enmarca en la Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023 en Santa Fe. La norma permite avanzar con investigaciones focalizadas en el narcomenudeo y habilita la clausura o derribo de inmuebles utilizados para esa actividad.
Desde comienzos de 2024, la aplicación de la ley permitió intervenir en distintos barrios de la provincia para desactivar puntos de venta que, según las autoridades, suelen estar asociados a episodios de violencia armada.
Durante el allanamiento realizado antes de la demolición, los inmuebles estaban deshabitados. No obstante, investigaciones previas habían permitido secuestrar estupefacientes y confirmar su uso como puestos de comercialización.
Las autoridades indicaron que las pesquisas continúan para identificar a las personas que operaban en el lugar y determinar su vinculación con otros hechos violentos registrados en la zona.










