En una audiencia imputativa sin precedentes, el Fiscal Gastón Ávila destacó la importancia de desmantelar redes de provisión ilegal de armamento
La lucha contra el tráfico y la tenencia ilegal de armas de fuego ha tomado un nuevo impulso en Rosario. En una reciente audiencia imputativa, el Dr. Gastón Ávila, Fiscal del Equipo de Armas de la Fiscalía General, compartió detalles sobre una investigación en curso que busca desarticular un esquema que ha permitido el desvío de armamento adquirido legalmente hacia el mercado ilegal. Esta acción se enmarca en un convenio de colaboración firmado en abril entre el Ministerio Público de la Acusación, dirigido por la Fiscal General María Cecilia Vranisic, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Ávila explicó que esta audiencia representa la primera etapa de una investigación más amplia, cuyo objetivo es abordar la problemática del mercado ilegal de armas. Según el fiscal, el trabajo conjunto con el Sistema de Análisis e Información de Delitos (SAID) ha permitido identificar un patrón preocupante: la compra masiva de pistolas de 9 milímetros por individuos que no justifican sus ingresos. “Hemos encontrado a personas que adquirieron múltiples armas en un corto período y que, sin un ingreso acorde, presentan una situación patrimonial inconsistente”, afirmó.
La fiscalía identificó a 12 individuos sospechosos que, en conjunto, acumulan más de 200 armas de fuego, aunque los allanamientos realizados solo llevaron al hallazgo de dos. “Es evidente que estas armas han sido volcadas al mercado ilegal”, subrayó Ávila, señalando que muchos de estos individuos también han gastado grandes sumas en municiones, un indicio más de la magnitud de la operación.
El fiscal describió el fenómeno de los “testaferros de armas“, aunque legalmente, se lo denomina “compras en paja” a personas que, aunque cumplen con los requisitos legales para adquirir armamento, lo desvían hacia actividades ilícitas. Este tipo de prácticas pone en evidencia la complejidad del problema y sugiere la existencia de una red organizada detrás de estas compras.
En cuanto a la situación procesal de los imputados, solicitaron medidas de prisión preventiva para 11 de los 14 detenidos, las cuales fueron concedidas. Ávila también se refirió a una armería específica, Bordoni, que ha sido inhabilitada provisionalmente tras detectar irregularidades. La investigación sigue su curso, y se prevé que se tomen acciones adicionales contra aquellos que operan al margen de la ley.
Con estos esfuerzos, la Fiscalía General da un paso firme hacia el combate de un fenómeno que amenaza la seguridad pública y que, como enfatizó el Dr. Ávila, involucra “millones de pesos” en transacciones ilícitas. La comunidad de Rosario espera que estas acciones contribuyan a la reducción de la violencia armada y a la recuperación del orden
El Juez de primera instancia Dr. Hernan Postma tuvo por formalizada la audiencia disponiendo para Flavio Santiago Petrovelli y Lucas Adrian Petrovelli, prisión preventiva hasta el 3 de Febrero de 2025. Para Federico Daniel Peña, Pablo Daniel Saifet, José Martin Ramírez, Josué Erik Cerruti, Julián Blotta Esquivel, Marcio Ricardo Romero Moreira, Jorgelina Ayelen Barbarrusa y Alexis M, prisión preventiva hasta el día 10 de diciembre de 2024. Mientras que Claudio Salvador Sancanela quedó en prisión preventiva por el plazo de ley. Y Pablo Andrés Martínez, Daniel Antonio Peña y Alfredo Armando Petrovelli, fijaron medidas alternativas por el plazo de 3 meses.
