La banda operaba entre Rosario y Salta. En la causa, se incautaron más de dos millones de dólares y más de cinco millones de pesos y se secuestraron gran cantidad de vehículos, varios de ellos de alta gama.

La titular de la Fiscalía Federal N°3 de Rosario, Adriana Saccone, la fiscal coadyuvante Federica Tiscornia, el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Juan Argibay Molina y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Carmen Chena, solicitaron juicio oral para ocho personas en el marco de una causa por lavado de activos y asociación ilícita.

En la investigación, se realizaron más de cuarenta allanamientos en diversas localidades de las provincias de Santa Fe y Salta.

Los representantes del MPF dieron por probada la existencia de una organización criminal que operó con habitualidad y tuvo entre sus destinos la comisión continuada de hechos de lavado de activos. Asimismo, indicaron que se pudo corroborar que la organización se cimentó sobre la base de vínculos familiares y de confianza detentados por los principales investigados.

Por ese motivo, el MPF acusó a Norberto Carlos Derminio, Juan Norberto Derminio, Matías José Ángel Matarochi, Micaela Belén Barbieri, Diego Antonio Ramón Noguera, Débora Gisel González, Lourdes Derminio y María Cecilia Rodríguez por los delitos de “lavado de activos y asociación ilícita en distintos grados de participación”.

Los allanamientos

La investigación llevada adelante por Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comenzó tras las sospechas por gastos excesivos de un “supuesto empresario”. La pesquisa llevó dos años y derivó en varios allanamientos en la provincia de Salta y distintas localidades de la provincia de Santa Fe donde se incautaron más de 2.000.000 de dólares y casi 5.500.000 de pesos. Además, se secuestraron gran cantidad de vehículos -varios de ellos de alta gama- y documentación de interés.

Las maniobras

A través de la investigación realizada, los representantes del MPF le atribuyeron a los acusados 146 operaciones relacionadas con el lavado de activos, de las cuales 94 corresponden a compra y venta de automotores, 4 se vinculan a embarcaciones y 33 a bienes inmuebles. Además, en el requerimiento de elevación a juicio pusieron el foco en maniobras de conversión de moneda extranjera y en un crédito con garantía hipotecaria por cien mil dólares.

Para concretar las maniobras, los acusados no solo habrían recurrido a la interposición de personas sino que desplegaron también una actividad comercial “supuestamente lícita” para que fuera posible confundir el patrimonio y encubrir los activos de origen ilegal. De acuerdo a las tareas investigativas, se advirtió que se habrían realizado diversas acciones tendientes a impedir que el organismo fiscalizador descubriera su verdadera realidad económica y, en muchos casos, las adquisiciones se habrían efectuado por valores inferiores a los de mercado.

Los delitos

En el requerimiento de elevación a juicio se indicó que estas conductas habrían permitido insertar en el mercado legal fondos de origen espurio provenientes de un conjunto de actividades delictivas vinculadas al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, al contrabando de mercaderías, a defraudaciones, a infracciones a la ley de marcas, entre otros ilícitos, con el objetivo de que los bienes adquieran apariencia de un origen lícito.

Los representantes del MPF precisaron que las operaciones cuestionadas se habrían llevado a cabo al menos desde 2014 y consistieron, principalmente, en la adquisición y administración de bienes muebles e inmuebles en el país y en el extranjero que fueron inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios acusados, de otros imputados o de terceras personas. También, se estableció que los acusados realizaron operaciones de conversión de moneda extranjera y puesta en circulación del dinero ilícito a través de la construcción de inmuebles y de un esquema de préstamos dinerarios garantizados -en algunos casos- con gravámenes reales.

El juicio

El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, deberá resolver si hace lugar al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía. En caso de que así lo haga, el caso será remitido a un Tribunal Oral Federal para que se celebre el juicio oral y público.

El avance de esta investigación representa un nuevo golpe al crimen organizado en la región. El hecho de que se haya podido incautar una gran cantidad de dinero y bienes provenientes del lavado de activos es un logro importante para la Justicia, ya que representa un importante paso en la lucha contra esta actividad ilícita