La medida alcanza una propiedad, una camioneta y participaciones en seis sociedades, en el marco de una investigación federal por lavado de activos
La Justicia Federal de Rosario ordenó el decomiso sin condena de bienes de Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte, ex jefe de la barra brava de Rosario Central, asesinado en noviembre de 2024. La resolución fue firmada por el juez federal Carlos Vera Barros en una causa por presunto lavado de activos y comprende activos cuyo origen ilícito el magistrado consideró acreditado.
La decisión incluye una camioneta Ford Ranger, un inmueble ubicado en Álvarez Thomas 1870 y las participaciones societarias que Bracamonte tenía en seis firmas: ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, RUFFINO SAS, KABRASI SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
La medida no implica el decomiso de las empresas completas, sino de las participaciones que figuraban a nombre del fallecido.
El pedido había sido presentado por los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari. Luego, la Unidad de Información Financiera (UIF) respaldó la solicitud y reclamó que los activos recuperados fueran destinados al financiamiento del organismo. Sin embargo, la resolución no asignó expresamente esos bienes a la UIF.
Según la presentación del organismo, la pesquisa busca establecer el origen de un patrimonio compuesto por inmuebles, vehículos y participaciones comerciales que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, no se correspondería con la capacidad económica declarada por Bracamonte.
La investigación también analiza presuntas maniobras vinculadas con extorsiones y coacciones a empresas contratistas de la construcción, además de actividades relacionadas con la conducción de la barra de Central.
El juez fundamentó la medida en las normas que permiten decomisar bienes en determinadas circunstancias sin una sentencia condenatoria, y consideró tanto el origen ilícito acreditado como el fallecimiento del investigado.
La resolución también menciona la intervención de una defensora de menores por los herederos menores de edad. Además, ordena comunicar a la Administración General de la Corte Suprema el secuestro de vehículos realizado por Gendarmería Nacional el 28 de septiembre.
La causa federal sobre el patrimonio de Pillín Bracamonte también contempla otros bienes que, según fuentes judiciales citadas en la información original, estarían registrados a nombre de terceros. Ese punto forma parte de las líneas de investigación y no supone que esos activos hayan sido alcanzados por esta resolución
