El monto investigado ronda los $425 millones. En la audiencia, el ex funcionario dijo que padece ludopatía y vinculó las maniobras con deudas de juego

El ex fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría utilizado fondos depositados en cuentas judiciales durante aproximadamente siete años. La acusación, presentada en una audiencia que se inició este lunes y continúa con las instancias procesales correspondientes, estima el perjuicio en unos $425 millones, equivalentes a alrededor de 300 mil dólares.

Según la acusación fiscal, Ríos Artacho habría intervenido en causas donde existía dinero secuestrado o depositado como garantía y luego habría dispuesto su retiro mediante oficios judiciales.

Uno de los casos mencionados durante la audiencia se remonta a 2017. Tras una entradera, se depositaron $1.230 en una cuenta judicial. Meses después, luego de un acuerdo que establecía una garantía de $80 mil, el monto llegó a $81.230. La investigación sostiene que posteriormente se autorizó el retiro de ese dinero por una persona vinculada al entonces fiscal.

Los investigadores sostienen que existieron numerosas operaciones de características similares y que en algunos documentos se incorporaba la expresión “en concepto de reparación”.

La Fiscalía describió las maniobras como una apropiación sistemática de recursos que estaban bajo custodia judicial. El expediente analiza alrededor de un centenar de causas en las que se habrían producido movimientos de dinero.

La investigación también alcanza a otras personas que, según la acusación, habrían participado de distintas operaciones.

Durante la audiencia, el ex fiscal pidió hablar. Pidió perdón a su familia y a la Fiscalía y reconoció que padece ludopatía desde 2013. Según su propio relato, las maniobras estuvieron relacionadas con la necesidad de afrontar deudas derivadas de esa adicción. La investigación deberá determinar ahora el alcance de las responsabilidades de cada uno de los imputados y el destino de los fondos que, según la acusación, fueron retirados de cuentas judiciales