La nueva imputativa comenzó este lunes y continuará durante el martes con el debate sobre las medidas cautelares. La causa alcanza a Francisco Riquelme, su hijo Ezequiel y otras 15 personas. Entre los acusados está un abogado penalista señalado como presunto intermediario de comunicaciones desde la cárcel

La Justicia provincial retomará este martes la audiencia imputativa contra 17 personas investigadas por una presunta asociación ilícita vinculada con drogas, amenazas, extorsiones y hechos violentos en Rosario. Entre los acusados está Francisco “Fran” Riquelme, quien ya cumple una condena a prisión perpetua, su hijo Ezequiel y el abogado Martín Castillo. La Fiscalía sostiene que parte de la estructura habría continuado funcionando pese a las restricciones impuestas al principal referente.

Según la hipótesis presentada por los fiscales Marina Vigo y Mercedes Banchio, Riquelme habría mantenido capacidad de decisión desde su lugar de detención. Para los investigadores, algunas instrucciones habrían llegado al exterior mediante comunicaciones mantenidas durante visitas de su abogado.

La pesquisa también busca determinar qué papel ocupó Ezequiel Riquelme dentro de la estructura y cómo se habría desarrollado la actividad de la organización en distintos sectores del noroeste rosarino.

Las tareas estuvieron a cargo de organismos de investigación provincial, entre ellos la Policía de Investigaciones (PDI) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope).

El expediente reúne distintos episodios que, según la acusación, estarían relacionados entre sí. Entre ellos figuran investigaciones por comercialización de estupefacientes, amenazas, extorsiones y homicidios ocurridos en barrios del noroeste de la ciudad.

La Fiscalía plantea que esos hechos deben analizarse dentro de una estructura común y no como episodios aislados.

La audiencia iniciada el lunes no concluyó. Este martes continuará con la discusión de las medidas cautelares para los imputados.Riquelme ya tiene una condena a prisión perpetua, por lo que su situación procesal difiere de la del resto. Para los demás acusados, la Fiscalía deberá fundamentar ante la Justicia los pedidos de prisión preventiva y las medidas que considere necesarias para garantizar el avance de la investigación