La causa ya suma 11 imputados, más de 30 allanamientos y secuestros millonarios en distintas provincias del país

La Fiscalía Regional 2 de Rosario forma parte de un equipo interprovincial que logró desarticular una organización criminal dedicada a cometer estafas virtuales, fraudes informáticos y maniobras de lavado de dinero mediante falsas plataformas de inversión. La investigación, encabezada por los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia de la Unidad Especializada en Cibercrimen, permitió identificar a 11 personas involucradas y concretar más de 30 allanamientos en distintos puntos del país.

Según la investigación, la banda utilizaba empresas legalmente constituidas, con CUIT y documentación oficial, para generar confianza entre potenciales inversores. A través de aplicaciones y sitios web que imitaban a reconocidos brokers financieros, prometían ganancias extraordinarias de entre el 30% y el 40% mensual en criptomonedas y activos bursátiles.

Las víctimas observaban supuestas ganancias reflejadas en las plataformas, pero cuando intentaban retirar el dinero encontraban bloqueos, restricciones ficticias o directamente perdían acceso a los fondos invertidos.

La causa avanzó gracias a un Equipo de Investigación Conjunta integrado por fiscales de Santa Fe, Chubut, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El intercambio de información permitió reconstruir el circuito financiero utilizado para captar fondos, mover dinero y ocultar ganancias obtenidas de manera ilegal.

Como resultado de las medidas judiciales, se realizaron allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo procedimientos en CABA, Villa Tesei y San Justo.

Durante los operativos se secuestraron más de 250.000 dólares en efectivo y activos digitales, además de vehículos, celulares, computadoras y documentación considerada clave para la investigación.

Entre los imputados figuran profesionales vinculados al área contable y personas señaladas como responsables de la estructura operativa y financiera de la organización.

Los investigadores sostienen que el dinero obtenido mediante las estafas era posteriormente lavado a través de operaciones con criptomonedas y mecanismos de cambio informal.

Debido al volumen de información secuestrada y la magnitud del esquema investigado, la Justicia otorgó a la causa el carácter de “Causa Compleja“, estableciendo un plazo extraordinario de 16 meses para analizar el material digital reunido.

Desde la Fiscalía de Rosario indicaron que continúan las tareas para identificar nuevos damnificados, determinar la dimensión económica del fraude y establecer posibles conexiones en otras provincias.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas etapas del proceso judicial