Los agentes aceptaron juicios abreviados y colaboraron con la investigación sobre maniobras irregulares en la carga de combustible de móviles policiales en Rosario
Tres policías fueron condenados este miércoles en Rosario tras admitir su participación en una causa de corrupción vinculada a la carga de combustible en patrulleros de la Unidad Regional II. La investigación, encabezada por el fiscal José Luis Caterina, apunta a una presunta asociación ilícita que habría operado mediante maniobras fraudulentas con fondos destinados al abastecimiento de móviles policiales.
La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal y fue homologada por la jueza Silvana Lamas González. Los condenados —Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez— aceptaron juicios abreviados en calidad de imputados colaboradores, figura conocida judicialmente como “arrepentidos”.
Según la acusación, los efectivos habrían participado de irregularidades relacionadas con cargas de combustible destinadas a patrulleros policiales. La colaboración de los tres agentes permitió fortalecer la teoría del caso y avanzar sobre el funcionamiento interno de las maniobras investigadas.
Gerardo Ramírez recibió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, Sergio López fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional, mientras que Jorge Delgado recibió dos años y tres meses.
Los tres fueron condenados por delitos como asociación ilícita, defraudación agravada, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
En paralelo al avance judicial, la Subsecretaría de Control de las fuerzas de seguridad de Santa Fe solicitó formalmente la destitución de todos los policías imputados o condenados en el expediente.
Entre los nombres aparece el ex jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, quien ya estaba retirado de la fuerza. Según trascendió, el pedido oficial apunta también a quitarle los haberes vinculados a su retiro.
La investigación todavía no está cerrada. Fuentes judiciales indicaron que el expediente continúa avanzando y podría derivar en nuevas definiciones judiciales para otros involucrados.
La causa expone, además, uno de los focos más sensibles dentro de las estructuras de seguridad: el manejo de recursos públicos destinados al funcionamiento policial
