Lo que empezó como una promesa de acceso a la tierra para la clase media hoy se transformó en un foco de conflicto en el Gran Rosario

El Grupo Roma, desarrollador inmobiliario con presencia en localidades como Ibarlucea y Pérez, quedó en el centro de reclamos tras nuevas protestas de vecinos que denuncian incumplimientos en la entrega de lotes y falta de servicios básicos.

Las manifestaciones se realizaron este miércoles tanto en Rosario, frente a las oficinas de la empresa, como en zonas donde avanzaron los loteos de Ybarlucea. ¿El reclamo? Obras inconclusas, demoras en la escrituración y terrenos que, en varios casos, aún no cuentan con las habilitaciones provinciales necesarias.

El modelo de negocio apuntaba a compradores finales, no a inversores. Familias que apostaron a construir su vivienda propia en barrios abiertos, con financiación accesible. Pero el problema surgió después: muchos de esos terrenos no contaban con aprobaciones clave, como factibilidad hídrica, ambiental o de servicios.

Sin esas autorizaciones, no hay luz, agua ni posibilidad de escriturar. Es decir, el lote existe en los papeles comerciales, pero no en términos legales plenos.

Fuentes del sector indican que algunos desarrollos fueron incluso observados o frenados por la Provincia en los últimos años. La falta de obras de infraestructura exigidas aparece como uno de los principales obstáculos para regularizar la situación.

A esto se suma un dato que inquieta: la comercialización habría avanzado sin que los proyectos estuvieran completamente aprobados. Un esquema que, según especialistas, depende de un flujo constante de nuevos compradores para sostenerse.

Vecinos afectados aseguran que llevan hasta cuatro años esperando definiciones. Hubo presentaciones en defensorías, cartas documento y gestiones administrativas, pero las soluciones concretas no llegan.

“El problema no es solo económico, es el proyecto de vida”, repiten quienes invirtieron sus ahorros pensando en mudarse.

El crecimiento desordenado de loteos en la región también abre interrogantes sobre los controles estatales. Municipios y organismos provinciales quedaron bajo la lupa por la falta de regulación o intervención temprana.

Mientras tanto, el conflicto escala. Sin obras terminadas ni habilitaciones completas, el camino de salida parece claro pero complejo: inversión, regularización y respuestas concretas.

Las protestas continúan y no se descartan nuevas medidas. Desde el gobierno provincial aseguran que hay instancias de diálogo abiertas, aunque sin anuncios públicos de resolución.

Por ahora, entre papeles, promesas y terrenos a medio hacer, la incertidumbre sigue siendo el único lote que todos comparten.