Fue imputado por abuso sexual y le redujeron el sueldo mientras avanza la investigación

La Legislatura de Santa Fe resolvió apartar de sus funciones al fiscal Leandro Benegas. La medida incluye una quita del 50% del salario y la prohibición de ingresar a oficinas del Ministerio Público de la Acusación.

La Legislatura de Santa Fe suspendió al fiscal de la Región 5 con asiento en Reconquista, Leandro Benegas, luego de que fuera imputado por delitos sexuales. La decisión se tomó en una sesión conjunta de diputados y senadores y fue aprobada por unanimidad. La medida establece su apartamiento del cargo, una reducción del 50% de su salario y la prohibición de ingresar a dependencias del Ministerio Público de la Acusación mientras continúa la investigación penal.

La suspensión se resolvió tras un dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial. El informe advirtió que la permanencia de Benegas en su cargo podría afectar el desarrollo de la causa judicial en su contra.

La acusación sostiene que el funcionario fue imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por intimidación o coerción. La denuncia corresponde a hechos que habrían ocurrido entre 2008 y 2009.

Según la imputación, en ese período Benegas se desempeñaba como funcionario municipal en la ciudad de Vera y mantenía una relación jerárquica con el padre de la denunciante.

La atribución de los delitos se realizó el 23 de febrero de 2026 durante una audiencia en los tribunales de Vera. La investigación está a cargo de los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, ante la jueza Norma Senn.

Durante la audiencia, la magistrada dispuso la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, la medida no se hizo efectiva debido a que consideró que el fiscal cuenta con inmunidad de arresto por su cargo.

La decisión generó sorpresa incluso en el propio acusado, quien sostiene que esa normativa no debería aplicarse en su caso.

Tras conocerse la resolución legislativa, Benegas afirmó en una entrevista que la causa responde a represalias vinculadas con su trabajo en el Ministerio Público. “Esto forma parte de una campaña de desprestigio y venganza”, sostuvo el funcionario, quien también cuestionó al abogado querellante que representa a la denunciante.

La suspensión es una medida administrativa que se aplica mientras continúa el proceso judicial. Según lo establecido por la Legislatura, el objetivo es evitar interferencias en la investigación.

La causa penal seguirá su curso en la Justicia provincial, donde se analizarán las pruebas presentadas por las partes para determinar la responsabilidad del fiscal en los hechos denunciados.